El colectivo de economistas Wilson, el de juristas Praga, y la red catalana en el exterior Emma han salido en defensa del referéndum con un comunicado conjunto que argumenta que éste es una salida beneficiosa no sólo para Catalunya, sino también para España y para Europa, porque permitirá resolver las desavenencias.

"Un referéndum es una buena solución para todo el mundo. Para los catalanes seguro, porque, sea cuál sea el resultado, llevará a abrir un diálogo sobre una nueva relación con España, basada en el reconocimiento de sus derechos como pueblo, incluso el derecho a decir la última palabra sobre la forma que debe tener esta relación", apuntan.

Según los tres colectivos, el referéndum también puede acabar siendo bueno para España, "porque obligaría a su gobierno y a las otras fuerzas políticas a repensar los fundamentos del régimen establecido en 1978. Este fue el resultado de la transición a un gobierno democrático diseñada y aplicada por unos cuadros políticos surgidos de la dictadura franquista. Una solución satisfactoria de la cuestión catalana daría a la sociedad española la oportunidad de liberarse de una vez de los fantasmas de su pasado autoritario y de afrontar los defectos de un sistema político gravemente condicionado por sus orígenes".

Y argumentan finalmente que el referéndum también será bueno para Europa. Primero, por una razón práctica, "porque contribuirá a resolver un problema secular que, si se deja enquistar, irá empeorando y añadirá un nuevo frente de inestabilidad a escala continental. Y segundo, y más importante, por una cuestión de principio. En este tiempo de incertidumbre política, cuando en muchos países el proyecto europeo es cuestionado desde diferentes campos, la actitud de los catalanes, decididamente proeuropea, firmemente anclada en principios democráticos y siguiendo métodos estrictamente pacíficos, debería presentarse como un ejemplo para todo el mundo de la única manera aceptable de resolver las diferencias entre las naciones y dentro de los Estados".

Los economistas y juristas remarcan que el actual bloqueo tiene sus inicios en el fracaso del nuevo Estatut, al ser recortado por el Tribunal Constitucional después del referéndum al que se sometió el proyecto entre los catalanes. "Entonces quedó claro que el sistema territorial vigente, establecido en 1978 después de un largo periodo de gobierno centralizado, se quería utilizar para perpetuar la condición de minoría permanente que tienen los catalanes en España. Hoy un número creciente de catalanes consideran que los asuntos de su colectividad son gestionados por Madrid sin tener en cuenta sus necesidades y a menudo en contra de sus intereses más básicos, y muchos han perdido la esperanza de un trato más justo en el marco español", indican.

El comunicado recuerda que Escocia y el Quebec han resuelto estas cuestiones por la vía del referéndum y considera que esta es la vía también adecuada para la situación de Catalunya. "La determinación expresada por la coalición que gobierna Catalunya con respecto a celebrar el referéndum a pesar de todo no se tiene que considerar una muestra de desafío sino un acto de democracia. Los dirigentes están cumpliendo el mandato que les dieron los centenares de miles que se han estado manifestando pacíficamente año tras año desde 2010; los 2,3 millones que votaron en una consulta simbólica en noviembre de 2014; los cerca de 2 millones que otorgaron una mayoría a las fuerzas partidarias de la independencia en las elecciones al Parlament de Catalunya de septiembre del 2015; y finalmente, de forma suficientemente importante, las tres cuartas partes de la población catalana que, según todas las encuestas de opinión, están a favor de que se celebre un referéndum".

Forman parte del colectivo Wilson Pol Antràs, catedrático de Harvard University; Carles Boix, catedrático de la Princeton University; Jordi Galí, Investigador Sénior del Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI); Gerard Padró, catedrático de la London School of Economics, Xavier Sala i Martín, catedrático de Columbia University, y Jaume Ventura, Investigador Sénior del Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI). Entre los miembros del colectivo Praga hay los juristas Joan Queralt, Enoch Albertí, Tomàs de Montagut, Antoni Pigrau, entre otros.