El colectivo de juristas Drets presentó el pasado mes de abril, una querella contra 8 magistrados del Tribunal Constitucional, acusándoles de prevaricación por "blindar la reforma" del alto tribunal, aprobada únicamente con los votos del PP, y oponiéndose a los recursos de inconstitucionalidad que presentó el Govern de la Generalitat de Catalunya y el gobierno vasco. La querella de Drets, interpuesta ante el Tribunal Supremo, necesita ahora una fianza de 3.000€ para seguir adelante. Por este motivo, la entidad ha iniciado una campaña de recogida de dinero para poder seguir con el proceso judicial.

En la campaña iniciada, similar a un Verkami, se puede escoger la cantidad aportada y, en función del importe, hay varias recompensas. De entrada, se piden 5.000€, para destinar tanto a la fianza que pide el Tribunal Supremo para seguir con el proceso, como otros gastos derivados del propio proceso (honorarios de los procuradores, tasas, desplazamientos, etc). De momento, y a 44 días para que se acabe el proceso de recogida, ya se han recoger 760€.

La querella de Drets viene motivada por la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que fue aprobada en solitario por la mayoría absoluta del PP por el trámito de urgencia y en lectura única un mes antes de acabar la legislatura, y consiguió que el TC dejara de ser únicamente un Tribunal o árbitro de leyes para pasar a tener una amplia capacidad ejecutiva ya sea a petición de las partes o bien de oficio (desde imponer multas hasta 30.000 euros hasta suspender funciones de políticos, jueces, empleados públicos, etc).

Ante eso, el colectivo de juristas Drets presentó este mes de abril ante el Tribunal Supremo una querella contra Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, expresidente del Tribunal Constitucional, y los magistrados del TC Encarna Roca Trias, Andrés Ollero Tassara, Juan José González Rivas, Santiago Martínez-Veres García, Pedro José González-Trevijano Sánchez, Ricardo Enríquez Sancho y Antonio Narváez Rodríguez. En la querella, Drets acusaba a estos 8 magistrados de prevaricación, porque considera que "blindaron la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional sabiendo que vulneraba las garantías del Estado de Derecho" al oponerse "todos ellos a los recursos de inconstitucionalidad que presentó el Govern de la Generalitat de Catalunya y el gobierno vasco".

Según la asociación de juristas, ante la propuesta de reforma, "el TC tendría que haber declarado la reforma inconstitucional ya que es evidente que altera el entramado jurídico constitucional", mientras que "lo que ha hecho el TC es dictar dos sentencias declarando que la reforma es constitucional". Por estos motivos, Drets asegura que "los 8 magistrados han prevaricado, ya que han dictado las sentencias sabiendo que son injustas y no se ajustan a la Constitución".