El juez Manuel García Castellón no deja de ser noticia. El empresario Oriol Soler y el directivo de Òmnium Oleguer Serra, investigados en el caso Tsunami Democràtic, han presentado, por separado, recursos de nulidad contra las resoluciones del magistrado de la Audiencia Nacional por haber resuelto él mismo, su recusación y haberla rechazado, cuando la ley regula que no lo puede hacer el mismo juez. El penalista Benet Salellas, abogado de Soler y Serra, ha informado este viernes de estos dos recursos y que han presentado una queja al presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ante la actitud del titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional y que se admita a trámite de su recusación. Soler y Serra cuestionan la imparcialidad del juez por unas declaraciones que hizo sobre la amnistía en un debate.
Todo eso pasa, mientras el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aceptado de tramitar la petición de amparo de García Castellón, que se considera atacado por las manifestaciones de dos cargos públicos por haber dictado una resolución contra el presidente Carles Puigdemont, en plenas negociaciones de la ley de amnistía, ligada a la investidura de pedro Sánchez.
Precisamente, la defensa del jefe de la Oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alay, que dirige el abogado Gonzalo Boye, ha presentado un nuevo escrito en el juzgado, en el cual atribuye a "una intencionalidad claramente política" en plena negociación de la amnistía el hecho que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón señale el delito de terrorismo al caso Tsunami. Además, subscribe el recurso presentado por la Fiscalía que no hay indicios delictivos de terrorismo en las manifestaciones masivas del 2019, con el apoyo de Tsunami.
Las dos recusaciones
En cuanto a las recusaciones, el magistrado García Castellón rechazó la recusación que le formulaba el empresario Oriol Soler por una cuestión de forma: había presentado su recusación pasados los 10 días que marca la ley para hacerlo. Sin embargo, el magistrado de la Audiencia Nacional también ha descartado ahora la recusación que le ha hecho Oleguer Serra, a través de la abogada Mònica Tarradellas, a pesar de no haber pasado los 10 días, puesto que supo de su imputación en la providencia del 6 de noviembre pasado, donde el juez calificaba la investigación con indicios del delito de terrorismo y consideraba investigadas a 12 personas.
"Actitud obstativa"
En el escrito, de incidente de nulidad de actuaciones, el abogado Benet Salellas expone que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), “que conoce muy bien el magistrado” García Castellón, regula la tramitación de un incidente de recusación. Añade que la actuación del magistrado ha causado “gran indefensión” porque el instructor “no ha seguido las reglas esenciales del procedimiento” que tiene que seguir para tramitar una recusación contra él. Para Salellas, es una “actitud claramente obstativa del juez” García Castellón, y sostiene que “compromete seriamente su imparcialidad”. Además, le manifiesta que “en ningún caso un ordenamiento jurídico mínimamente respetuoso con el derecho fundamental a la imparcialidad judicial puede avalar que sea el mismo juez recusado el que de inicio decida rechazar e inadmitir el incidente de recusación”.
Salellas le recuerda que presentado el recurso, primero se pasa a las partes y después se nombra un instructor del incidente, que tiene que ser diferente al recusado, tal como fija la ley. Y es entonces cuando el juez recusado, según las reglas establecidas, se pronuncia sobre su recusación. Por todo esto, pide a la Audiencia Nacional que revoque las negativas de García Castellón y que se tramite su recusación ajustada a derecho.