Sin ambages. La defensa de Josep Lluís Alay, que dirige el abogado Gonzalo Boye, atribuye a una intencionalidad claramente política en plena negociación de la amnistía el hecho que el juez de la Audiencia Nacional Manuel-García Castellón señala el delito de terrorismo en el caso Tsunami. En el escrito que hoy ha presentado ante la Audiencia, la defensa de Alay, que figura entre los doce investigados en este caso, se ha adherido al recurso de apelación que presentó la Fiscalía contra el auto de García-Castellón en que se rechazan que haya ningún elemento que permita sustentar la existencia de organización criminal ni delito de terrorismo.
"Este procedimiento no tiene una finalidad vinculada a la búsqueda de la verdad y la justicia, sino más bien una marcada intencionalidad política vinculada con las negociaciones actuales en turno a la ley de amnistía respecto de la minoría nacional catalana relacionada con el independentismo", se asegura en el texto de la defensa de Alay en que se reprocha que el juez pretende retener este caso en la Audiencia atribuyéndole el delito de organización criminal de carácter terrorista.
Se suma a la Fiscalía
Entre los investigados en este caso, aparte del jefe de la oficina del presidente Carles Puigdemont, está también el mismo Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. No obstante, el juez no puede procesar al president en el exilio, porquè su condición de eurodiputado le obliga a pedir antes un suplicatorio en la Eurocámara, por lo cual le ha ofrecido que se persone él mismo en la causa.
El delito de terrorismo sería uno de los supuestos que se podrían argumentar para excluir los investigados en este caso de la amnistía que está en proceso de tramitación al Congreso de los diputados. No obstante, la Fiscalía presentó la semana pasada un contundente recurso de apelación en que niega que haya indicios para las imputaciones de terrorismo contra Tsunami y advierte que "no se encuentra ni una sola referencia a la violencia por parte de ninguno de los investigados".
Criminalizar el discurso político
El escrito de Boye se suma a estos argumentos del fiscal, subraya que en 4 años de actuaciones no se ha conseguido reunir ni siquiera indicios que permitan sustentar una acusación de organización criminal, ni de grupo criminal, y "mucho menos" de delito vinculado a terrorismo. Además, recoge las valoraciones de la resolución en que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa reclamó la puesta en libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados y dondo se subraya no solo que ninguno de ellos hizo llamamientos a la violencia, sino que fue al contrario al contrario.
El texto, recoge también los argumentos del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein en qué se advertía que "el derecho penal tiene que ejercer moderación en las disputas políticas por razones de derecho constitucional" y se alerta sobre el riesgo de "criminalizar el discurso político". En aquella sentencia se acuerda de que las manifestaciones "son siempre un elemento de presión" y se reprocha que las autoridades españolas no fueran capaces de "soportar la presión ejercida" por|para los acontecimientos del 1-O.