"¿Dónde está el pueblo?": llamada a movilizarse para evitar que las pinturas de Sijena salgan del MNAC

La situación de las obras de arte de Sijena y el conflicto patrimonial entre Catalunya y Aragón han centrado este jueves una de las conferencias de la 58.ª edición de la Universitat Catalana d'Estiu, que se celebra en Prada (Conflent). Bajo el título "Sijena: estado de la cuestión", el acto ha servido también para presentar el libro Sijena. Las claves del conflicto, en una sesión en la que han participado el exconseller de Cultura y diputado de Junts, Lluís Puig; la exconservadora del Museu de Lleida Carmen Berlabé; el historiador de la Universitat Autònoma de Barcelona Josep M. Figueres; el abogado Xavier Muñoz i Puiggròs, y el historiador Jaume Sobrequés.

La intervención final de Sobrequés ha sido especialmente contundente. El historiador ha advertido que el desmontaje de las pinturas de Sijena "está a punto de empezar" y ha sostenido que, después del fracaso de las vías institucionales y judiciales, "solo nos queda el pueblo catalán". En este sentido, ha reclamado una respuesta ciudadana para impedir que las pinturas abandonen el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Sobrequés ha convertido Sijena en un símbolo de la debilidad política de Catalunya y ha definido el conflicto como "una manifestación política de la fuerza represiva de las instituciones españolas", con "el eventual mantenimiento pasivo de las instituciones de gobierno catalanas". Según el historiador, las gestiones políticas, la razón y la ley no han servido para resolver el conflicto.

Por eso, ha apelado a la movilización ciudadana y ha recordado algunas de las grandes movilizaciones de la historia reciente de Catalunya, como la Marcha de la Libertad de 1976, la manifestación del 10 de julio de 2010 contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, la manifestación independentista del 11 de septiembre de 2012, la Vía Catalana de 2013, el 9-N y el Primero de Octubre. "¿No hay nadie capaz de hacer guardia delante del MNAC para evitar que las pinturas salgan del museo?", ha preguntado. Sobrequés ha defendido así una "acción pacífica de fuerza" y ha advertido que también habría responsabilidad ciudadana si las pinturas de Sijena acaban saliendo del museo "y no lo evita" el pueblo catalán.

Puig denuncia la situación judicial

El exconseller de Cultura Lluís Puig ha centrado su intervención en las consecuencias judiciales del conflicto y en su propia situación personal. Puig ha recordado que fue juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y que la sentencia lo consideró inocente, aunque ha explicado que el abogado de la acusación ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo que todavía está pendiente de resolución. También ha recordado que su predecesor en el Departament de Cultura, Santi Vila, todavía está pendiente del primer juicio.

Puig ha explicado que diez consellers de Cultura firmaron un manifiesto para defender la salvaguarda de las pinturas de Sijena en el MNAC. Cinco de ellosJoan Manuel Tresserras, Àngels Ponsa, Ferran Mascarell, Laura Borràs y él mismo— presentaron una denuncia ante los tribunales aragoneses contra la jueza del caso, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y el Govern de Aragón, a los que responsabilizaban de la situación. La denuncia, sin embargo, no fue admitida a trámite. Ahora, según ha explicado Puig, los mismos exconsellers están pendientes de que se les imponga una multa por presunta mala fe procesal.

Berlabé: "Lo único que nos queda es explicar la verdad"

La exconservadora del Museu de Lleida Carmen Berlabé ha puesto el foco en la destrucción que sufrió el monasterio durante la Guerra Civil. Ha explicado que el incendio comprometió la estructura del edificio y destruyó numerosas obras de arte, especialmente las de la sala capitular. Berlabé ha cuestionado la versión según la cual las milicias catalanas habrían sido responsables del incendio bajo las órdenes de Lluís Companys. "No hay ninguna prueba de que ninguna milicia catalana hubiera quemado el monasterio", ha asegurado. Según ha explicado, diversas fuentes historiográficas apuntan que el incendio fue provocado por miembros del mismo pueblo, mientras que la acusación contra las milicias catalanas se basaría en un único testimonio.

La exconservadora ha defendido también el papel de la Generalitat republicana en la salvaguarda de las obras y ha lamentado que las piezas que posteriormente fueron trasladadas al Museu de Lleida acabaran siendo objeto del litigio. "Nos han quitado las obras de Sijena que estuvieron salvadas por la Generalitat y que fueron trasladadas al Museu de Lleida", ha afirmado. Berlabé, que se ha presentado como la única persona viva que ha participado en todo el proceso desde la segregación del Obispado de Lleida, ha reivindicado la necesidad de dejar constancia de su versión de los hechos. "Lo único que nos queda es explicar la verdad", ha concluido.

Figueres acusa a las instituciones de "pasividad"

Por su parte, el profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona Josep M. Figueres ha cargado contra la respuesta de las instituciones catalanas y españolas. Ha cuestionado especialmente que el Ministerio de Cultura no elabore el informe que, a su parecer, podría ser necesario para abordar el conflicto con criterios de igualdad. "Yo me siento discriminado y ultrajado", ha afirmado Figueres, que ha comparado el caso de Sijena con otros conflictos patrimoniales como el Guernica o la Dama de Elche. "Con el catalán, todo vale", ha denunciado.

El historiador también ha criticado a la Generalitat por su actuación en el conflicto. "La Generalitat no ha estado a la altura", ha afirmado, a la vez que ha preguntado por qué las instituciones catalanas han optado, según él, por "mirar hacia otro lado y no actuar". Figueres también ha cuestionado que el caso de Sijena se aborde de manera diferente a otros conflictos de restitución patrimonial internacionales y ha reivindicado el principio de que "la ley sea igual para todos".

Xavier Muñoz cuestiona el recorrido jurídico del caso

El abogado Xavier Muñoz i Puiggròs ha hecho una explicación técnica del conflicto judicial. Ha recordado que, cuando se inició el litigio, estaba convencido de que Catalunya tenía argumentos jurídicos sólidos para ganarlo, especialmente en lo que se refiere a las piezas adquiridas por las instituciones catalanas en los años setenta. Según ha explicado, las obras llegaron a Catalunya después de varias compraventas vinculadas a las monjas de Sijena, que habían emigrado a Catalunya y depositaron parte de las colecciones en Lleida y en el MNAC. Muñoz i Puiggròs ha recordado que el Govern de Aragón ejerció entonces una acción de retracto y que el Tribunal Constitucional dictaminó en 2012 que los bienes estaban correctamente protegidos por los museos catalanes.

El abogado ha situado en una frase de la sentencia del Constitucional —"sin perjuicio de la propiedad civil"— el origen de una nueva vía judicial impulsada desde Aragón. Según su interpretación, los tribunales aragoneses asumieron los argumentos del Govern de Aragón y acabaron ordenando el retorno de las piezas a Sijena. Muñoz i Puiggròs ha defendido que Lluís Puig no desobedeció ninguna resolución, sino que actuó de acuerdo con el régimen jurídico catalán que establece unas condiciones para el traslado de determinados bienes de los museos públicos. "El hecho de que haya una nulidad del contrato no significaba que los bienes públicos pudieran salir por la brava", ha argumentado.

El abogado ha considerado que el conflicto ha sido instrumentalizado políticamente y ha denunciado que los tribunales han convertido Sijena en una batalla vinculada al procés independentista. "El primer responsable es Aragón y ha hecho una acción política contra el vecino", ha afirmado. Según él, "los culpables no somos la Generalitat, sino los tribunales, el gobierno de Aragón y la Iglesia". En cuanto a las pinturas murales, Muñoz i Puiggròs ha explicado que la situación jurídica era diferente porque se trataba de un depósito acordado con las monjas de Sijena. También ha cuestionado que, en el segundo litigio, las monjas que vivían en Aragón fueran representadas por una administración pública.