El diputado y líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, conoce la propuesta de una secesión regulada dentro de la Constitución que pone sobre la mesa el catedrático constitucionalista de Oviedo, Benito Aláez, y de la cual, se ha hecho eco El Nacional. No obstante, discrepa de la fórmula porque afirma que "esta opción se alargaría demasiado en el tiempo". En este sentido, Domènech asegura que Catalunya no puede esperar. Por este motivo, el común apuesta por una vía "más rápida".
Domènech, que se ha reunido con varios catedráticos constitucionalistas, mantiene que la solución es celebrar un referéndum de autodeterminación con una pregunta "clara y binaria, de sí o no" en Catalunya, donde aquellos que defienden la opción del No tengan derecho a exponer también una cosa diferente a mantener el statu quo.
Sostiene que jurídicamente se podría convocar la consulta porque existen los instrumentos necesarios. Podría ampararse en el artículo 92 de la Constitución, desarrollado por la ley orgánica 2/1980 que regula las diferentes modalidades de referéndum. Es más, apuesta por celebrar este referéndum, incluso, antes de una posible reforma constitucional. Lo contrario que defiende la vía Aláez que prevé reformar la Carta Magna para convertir a España en un Estado federal y después, incluir un artículo que regule la secesión.
Otras voces constitucionalistas
La vía Aláez no es la única voz que llega desde España para intentar encontrar una solución legal a las aspiraciones de Catalunya. En este sentido, el jurista Francisco Rubio Llorente, considerado uno de los padres de la Constitución y muerto el 23 de enero de este año, ya era un convencido defensor de la reforma constitucional. De hecho, fue uno de los primeros en afirmar, pocas semanas después de la primera manifestación multitudinaria a favor de la independencia de Catalunya en el 2012, que era “urgente” e “inaplazable” “verificar la solidez y el contenido de estas aspiraciones [de los catalanes] y que para ello no hay otro camino que el del referéndum”.
Otro nombre: el catedrático constitucionalista Javier Pérez Arroyo, que en su día fue miembro de la comisión consultora de la reforma del Estatut de Catalunya. En este sentido, ha reiterado en varias entrevistas que el Constitucional desautorizó con la sentencia del 2010 el pacto entre el Congreso y Catalunya, en parte porque "eliminó el derecho del pueblo a decidir". Incluso, habla de "golpe de estado".
Para Pérez Royo, desde aquel momento, la Constitución de 1978 "murió" y se tendría que ir hacia un proceso constituyente. Entonces, "en el tema territorial habría que fijar" en la Constitución la fórmula de integración, y no volver a escurrir el bulto. Sin que el TC tenga que decidir nada". En este sentido, insiste en que el conflicto catalán no se solucionará en los tribunales, sino que tiene que ser mediante las instituciones políticas.
Ya en el 2014, otro padre constitucionalista, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, proponía otra fórmula. Ésta consistía en agregar una disposición primera a la Carta Magna, sustentada en un pacto político, donde quedarían blindadas cuatro competencias para Catalunya: económicas, financieras, lingüísticas y culturales. Entonces, eso es lo que podrían votar los ciudadanos catalanes en referéndum de acuerdo con el artículo 152 de la Constitución.
De hecho, durante su nombramiento, el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Jesús María Barrientos, también reclamó a los políticos ponerse de acuerdo en la negociación por el proceso independentista: “Sólo a los responsables políticos les corresponde encauzar este debate y articular respuestas imaginativas que puedan resultar aceptadas por amplias mayorías sociales”.
Foto: Sergi Alcàzar