La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha replicado en un artículo al diario británico The Guardian el informe del equipo de trabajo de Derechos Humanos de la ONU que pedía la puesta en libertad de los presos políticos catalanes y consideraba arbitraria la aplicación de la prisión preventiva en España. Delgado lo ha hecho en respuesta a un artículo que escribió en el mismo rotativo el conseller d'Afers Exteriors, Alfred Bosch.
Delgado se ha sacado las culpas del encarcelamiento de los presos políticos y ha dado las culpas al poder judicial. "El señor Bosch se refiere a un dictamen reciente no vinculante emitido por un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria. España está firmemente comprometida con el mantenimiento del sistema de la ONU. No obstante, tengo que expresar mi sorpresa por la sorprendente falta de precisión de muchas de las conclusiones del documento. Entre otras cosas, ignora el hecho de que en España, como cualquier democracia, opera una separación de poderes, por lo que cualquier puesta en libertad de una persona en detención preventiva es una cuestión que compete exclusivamente al poder judicial, no al Gobierno", asegura.
La ministra intenta argumentar también que Carles Puigdemont, Toni Comín y Oriol Junqueras no pueden ser eurodiputados, con el argumento de que no habrán prometido la Constitución española.
"Los Estados miembros de la UE son los responsables de notificar al Parlamento europeo la lista de candidatos que han sido formalmente declarados electos. Para ser elegible como diputado en el Parlamento europeo, el candidato tiene que expresar su lealtad a la Constitución española, y tiene que hacerlo en persona en Madrid. Pasa que ni el señor Puigdemont ni el señor Comín quieren ir a España, para no tener que rendir cuentas ante la Justicia. El señor Junqueras, que se encuentra en prisión preventiva, no ha sido autorizado a salir de la prisión para cumplir con el procedimiento. Se trata de una decisión tomada por el Tribunal Supremo español", indica.
La ONU en realidad no hace nunca distinción entre las diferencias de criterio de los diversos poderes de un Estado, sino que hace un planteamiento global basado en los hechos finales, según el abogado Ben Emmerson.