El informe sobre el 1-O y las actuaciones del Estado los días previos y posteriores al referéndum recogen en total 66 acciones del Estado contra la consulta, entre los cuales se incluyen las judiciales o policiales contra la publicidad del referéndum los días anteriores; y el recuento de heridos durante las cargas policiales, de los cuales 991 fueron atendidos el mismo día y 75 entre los días 2 y el 4 de octubre.

La mayoría fueron en Barcelona ciudad (32%), en la Región Sanitaria Metropolitana Sur (30%) y en la de Girona (26%). El documento, que ha dado a conocer el Govern este lunes coincidiendo con el primer aniversario del 1-O, también contabiliza 67 espacios públicos con daños materiales y se hace eco de las investigaciones a 712 alcaldes, además de las detenciones y actuaciones a raíz del 20 de septiembre con el registro de dependencias y organismos de la Generalitat y empresas.

El informe cuenta con seis apartados, de los cuales los cinco primeros hacen una relación de las actuaciones los días previos al 1-O, la incautación de material relacionado con el referéndum, y del cierre de webs o vulneración del secreto de las comunicaciones.

 

El informe dedica un apartado especial al 20 de septiembre, cuando se produjeron hasta una cuarentena de entradas en conselleries y dependencias de la Generalitat en el marco de la investigación del Juzgado de Instrucción número 13, además de domicilios privados y empresas, en el marco de la operación 'Anubis'. El texto recuerda cómo aquel día se produjeron "diferentes irregularidades en las actuaciones realizadas aquel día", como detenciones "sin las suficientes garantías legales y en algunos casos además de forma innecesariamente brusca y precipitada", y cómo la policía intentó entrar en la sede de la CUP sin orden judicial o la intervención de diez millones de papeletas en un almacén de Bigues i Riells.

También cita la entrada de la Guardia Civil en el semanario El Habitante de Valls, un programa de Esplugues TV que no llegó a ser emitido y que trataba el referéndum o denegaciones de espacios para hacer actos relacionados, entre muchos otros casos. También cita, por ejemplo, actos fuera de Catalunya sobre el 1-O, que no fueron permitidos, como por ejemplo en Zaragoza y Gijón.

El informe también recoge las órdenes para cerrar las webs institucionales que publicitaban el referéndum, como referendum.cat y sus réplicas, dos más ordenadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya o la orden a las compañías telefónicas para que cerraran las webs relacionadas con el 1-O, entre otros, o la orden en Google para retirar de la Playstore el app que permitía saber donde votar.

Más de 1.000 votantes heridos

El documento también contabiliza alos más de 1.000 heridos causados por la violencia policial y que sufrieron, entre otros, traumatismos craneoencefálicos, fracturas, policontusiones, contusiones, heridas, crisis de angustia/ansiedad, arritmias y lipotimias. Los más comunes fueron las contusiones, con 435 y 43,9% de total, y policontusiones, con 383 y un 38,6% La gran mayoría se atendieron el mismo 1-O y los otros 75 entre el 2 y el 4 de octubre. Del total, 214 personas fueron atendidas por el SEM y 777 personas atendidas en centros sanitarios, 38 en centros hospitalarios y 40 en CAP y PAC y 14 en CUAP.

Aparte, también se tiene constancia de 12 agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los cuales 9 eran agentes de la policía española, dos de la Guardia Civil y un mosso d'esquadra.

Daños en equipamientos públicos

El informe también recoge los desperfectos en equipamientos y dependencias públicas en forma de rotura de cerraduras, puertas, cristales y persianas, en especial en centros educativos, además de un centro de atención primaria (Sant Andreu de la Barca) y dos equipamientos de la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria del Departament de Treball, Afers Socials yi Famílies (Casal Cívico de Camp Clar de Tarragona y en el EP de Lleida).

Por territorios, en Barcelona capital es donde se produjeron más casos, con 30; seguida del Baix Llobregat, con 13 y Tarragona y Girona con 5.

712 alcaldes investigados

Por último, el documento recuerda cómo el 13 de septiembre el  entonces Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, dio instrucciones para investigar y citar a declarar como imputados a 712 alcaldes catalanes por su presunta colaboración con la celebración del referéndum, y se querelló contra los presidentes de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y de la Associació de Municipis per la Independència (AMI). Las primeras citaciones y primeras comparecencias delante de las oficinas de la fiscalía (sin previo control judicial) se produjeron el día 19 de septiembre de 2017. Un año después, sin embargo, consta que sólo 64 alcaldes y alcaldesas ya han sido llamados a declarar.

Catalunya tiene 947 municipios, de los cuales 712 tienen en este momento a su alcalde o alcaldesa encausado por la Fiscalía por haber apoyado el referéndum, y con posibles peticiones de penas que incluyen la inhabilitación, según recuerda la Generalitat.