Más cerca de juicio. La fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años y medio de prisión para el teniente de alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, el socialista Cristian Alcázar, al cual acusa del delito de estafa al haber simulado el despido del exconcejal Cristóbal Plaza como trabajador del Consell Esportiu de l'Hospitalet (CELH), a quien también pide el mismo castigo. Además, a los dos hace devolver al CELH los 47.147 euros que recibió Plaza en el 2017 por el despido. De Plaza, también reclama que devuelva los 6.486 euros de la prestación del paro que recibió hasta que en el 2019 fue elegido concejal del consistorio, de donde dimitió cuando estalló el caso del Consell Esportiu. El despido de Plaza es una pieza de la investigación central, donde está investigada la alcaldesa de l'Hospitalet, Núria Marín (PSC) por supuestamente haber permitido gastos no aprobados en el consell, del cual el fiscal recuerda que es una entidad privada sin ánimo de lucro que recibe subvenciones municipales y de la Generalitat. El grupo En Común Podem de l'Hospitalet ejerce la acusación popular, y el Ayuntamiento de l'Hospitalet, la acusación particular en la pieza principal.
En el escrito de acusación, difundido hoy, el fiscal afirma que "tanto el acuerdo de despido como el pago de la indemnización se efectuaron a espaldas del Ayuntamiento de l'Hospitalet, y sobre todo, de los órganos de gobierno del CELH y la asamblea general, privando conscientemente los dos acusados de esta información a los organismos de la entidad". En el relato de hechos, se expone que Cristóbal Plaza suscribió un contrato laboral con el Consell Esportiu de l'Hospitalet en abril del 2002, como secretario y director técnico-administrativo. A finales del 2016, Plaza y Alcázar, actual teniente de alcalde de Deportes de l'Hospitalet y presidente del consell, acordaron el fin del contrato del primero para que, según el fiscal, "obtuviera un beneficio económico indebido". El fiscal añade que a pesar de lo pactado, "la realidad era radicalmente opuesta a la descrita documentalmente por los acusados, ya que no concurrían causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justificaran el despido". El fiscal expone, sorprendido, que en verano del 2017 Plaza entró a trabajar en el consistorio de l'Hospitalet, en marzo de 2018 entró a la junta directiva del CELH, y en junio del 2019 toma posesión como concejal socialista, y "como colofón" -indica al fiscal- fue nombrado presidente del CELH.
Situación económica
El fiscal Anticorrupción añade que la situación económica del CELH se podía considerar "negativa", con uno cierre positivo de 598 euros en el ejercicio de 2016 y con una previsión positiva de 217 euros para el 2017, además de un aumento anual en las subvenciones por parte del Ayuntamiento y de la Generalitat. Indica que no era necesario amortizar la plaza de Cristóbal Plaza, que a partir de enero de 2017, el mismo cargo, "ahora nombrado director", con las mismas competencias y sueldo, fue ocupado por Eduard Galí, también investigado en la pieza central. Por todo eso, el fiscal solicita que sean condenados a dos años y medio de prisión por un delito de estafa o alternativamente de apropiación indebida, y a dos años más de prisión por un delito contra en Seguridad Social. Además de devolver los 47.147 euros al CELH.
Móvil
La causa principal está pendiente de que la policía española aporte un informe sobre el móvil de la alcaldesa Marín para aclarar si permitió que Alcázar y Plaza siguieran haciendo gastos personales y privados con el dinero del consell esportiu, sufragado principalmente con dinero de las familias que apuntan a sus hijos a hacer deporte y a centros de verano. Además, hay funcionarios investigados, y también el exsecretario general de Esports de la Generalitat y actual secretario de Exteriores en el Gobierno, Gerard Figueras, que indicó que todas las ayudas al consell eran correctas.
El febrero pasado, estalló una derivada del Consell Esportiu de l'Hospitalet en Cornellà de Llobregat, y el juez investiga once encausados por los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y fraude en la administración pública.