Vox es un partido "antidemocrático, sin principios, anticonstitucional y que no se somete al Estado de Derecho". Estas declaraciones no son de ningún observatorio democrático independiente ni de políticos de otros partidos, sino que pertenecen a ocho integrantes de Vox en Badajoz, que se han dado de baja de la formación de ultraderecha al comprobar la verdadera raíz del partido de Santiago Abascal.

Los dimitidos son siete concejales -de los diez que tiene Vox en la provincia- y el que fue candidato a la Junta de Extremadura, Juan Antonio Morales. Los siete ediles corresponden a municipios como Badajoz capital, Lobón y Guadiana, municipio que hasta enero del 2020 llevaba como apellido ‘del Caudillo’, acortado ante las quejas y la oposición, precisamente, de Vox.

Sometimiento de los afiliados

En un comunicado de prensa, los dimisionarios acusan a la formación de ultraderecha de someter a los afiliados "a técnicas totalitarias, exentas de las mínimas garantías legales exigidas por la ley", cosa que ejemplifican con la reciente sentencia de un juzgado de Badajoz por la que se condena a VOX declarando nula la resolución arbitraria del Comité Ejecutivo Nacional por la que se expulsaba a uno de los concejales dimitidos, Alejandro Vélez, del partido.

"Esta condena, unida a la gravedad de los hechos que se exponen a continuación, motivan el abandono de esta formación política por nuestra parte", han continuado, para tachar a Vox de partido "antidemocrático" en el que la disciplina interna "es una apisonadora que se aplica de manera caprichosa por parte de la Secretaría General, sin respetar los derechos de los afiliados y sin garantías de contradicción o defensa".

“Cortar de raíz cualquier iniciativa”

"El objetivo es cortar de raíz cualquier iniciativa o manifestación que suponga libertad de expresión o acción por parte de los grupos municipales o asambleas legislativas", han señalado, junto con que han sido objeto de técnicas "indecentes" como el intento de investigaciones personales, mediante la contratación de detectives privados con el objetivo de hacer público algún aspecto de la vida privada del investigado, y así anularlo políticamente.

Todas las pruebas relativas a estas prácticas, como el teléfono desde donde se intentó el contrato, datos del propietario y una grabación del detective, se enviaron al secretario general, vicesecretario de Organización y Comité de Garantías a los efectos de su investigación interna pero "no hubo reacción, ni acción alguna".

 

Imagen principal: Javier Ortega Smith, secretario general de Vox / Efe

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