Pablo Iglesias y el caso Dina ganan en las cuatro portadas de los diarios impresos de Madrid. La promesa de 800.000 puestos de trabajo de Pedro Sánchez, en cambio, se lleva los títulares principales en las portadas de los diarios de Barcelona. Quede dicho por si sirve de algo. No es alusión a ninguna superioridad moral, hecho diferencial, etcétera. También puede considerarse que los diarios madrileños tienen un sentido del espectáculo político más desarrollado. Que los de Barcelona están más pendientes del huevo y los del Foro, del fuero. Las interpretaciones no se acaban nunca.

Es verdad que no pasa a menudo que un juez pida el procesamiento de un vicepresidente del Gobierno. Es noticia y Pablo Iglesias su protagonista. Una mirada alternativa, sin embargo, otorgaría más protagonismo al juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso, Manuel García-Castellón. El magistrado ha pedido al Tribunal Supremo que encause a Iglesias en razón del relato fabricado por él mismo con recortes de hechos del caso, algunos de los cuales ya habían sido desacreditados en el transcurso de la instrucción.

Por ejemplo, el magistrado pasa olímpicamente de la declaración escrita de Dina Bousselham —la exasesora de Podemos que da nombre al caso— que exime a Iglesias del principal de los tres cargos que le formula García-Castellón. El juez sabe muy bien que si no hay acusación de la víctima (Bousselham), no puede imputar al acusado (Iglesias). Por otra parte, la policía española y un laboratorio británico han firmado dos periciales de las que se deduce que Iglesias no intervino como insinúa el juez. Encima, el relato compuesto por su ilustrísima se basa en el testimonio de un abogado despedido de Podemos que contiene docenas de condicionales, dudas y versionas contradictorias. Y así todo.

La mejor parte viene ahora, sin embargo. El magistrado dice que el móvil de Iglesias al urdir todo el montaje era sacar provecho electoral y "la única finalidad de desprestigiar a Okdiario", el digital que dirige Eduardo Inda. Uy sí. Como si necesitara aun más desprestigio. Así, añade, Iglesias "dio instrucciones", de acuerdo con la asesoría jurídica de Podemos, para presentar la desaparición del móvil de Bousselham "como un encargo del gobierno del PP al excomisario Villarejo, para publicar en el digital OKdiario, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por lo tanto, a Podemos". Olé. ¿Y eso es lo que sorprende al magistrado García-Castellón? Alguien debería preguntarle si ha vivido en España los últimos tres o cuatro años, porque no sería la primera vez que el gobierno del que habla actúa exactamente tal como lo describe.

Similares cuestiones podrían dirigirse a los diarios que, con aquella alegría y sentimiento, dan curso a esas fabricaciones judiciales. Ni las cuestionan ni dejan constancia del accidentado itinerario de esa causa, ni de su contexto: es el decimotercer procedimiento judicial contra Podemos. Los otros doce han quedado en nada.

¿Cómo se entiende? Pues se entiende si se sabe qué magistrados del Supremo se hacen cargo del pase de García- Castellón y del futuro de Iglesias: Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzgó el 1-O; Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal que ha inhabilitado a Quim Torra, y Eduardo de Porres, instructor de la causa contra Laura Borràs. Los otros dos son Andrés Palomo y Ana Ferrer, que no tienen la significación política del resto. Da la impresión de que alguien espera que el Supremo triunfe allí donde ha fracasado la Audiencia Nacional —aunque seguramente no es así, porque en las democracias consolidadas estas cosas nunca ocurren. Las portadas, hoy, como tantas veces, sólo acompañan la cacería.

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