Sin tener claro todavía de qué manera actuará el gobierno español en caso de que haya ayuntamientos catalanes que abran sus puertas el día de la Constitución, el 6 de diciembre, el delegado del el ejecutivo estatal en Catalunya, Enric Millo, ha insinuado en Els Matins de TV3 que, de la misma manera que ya lo hicieron con el 12 de octubre, actuarán contra los consistorios que decidan convertir aquel día en laborable.

Diferente es, según su opinión, que cargos políticos decidan trabajar. Para él, lo importante es que los funcionarios no trabajen. El gobierno de Mariano Rajoy -entonces todavía en funciones- ya decidió llevar a los tribunales la abertura del Ayuntamiento de Badalona y no tardó nada en hacer efectiva la resolución judicial que obligaba a los funcionarios del consistorio a hacer fiesta aquel día.

Millo se ha lamentado en este sentido de que "en Catalunya hemos entrado en una dinámica donde se entiende que actuar ilegalmente está bien" y ha propuesto "dialogar para ir a la raíz de los problemas y encontrar soluciones sin tener que actuar ilegalmente" porque, asegura, "tengo la voluntad de establecer una buena relación y diálogo con ayuntamientos y con la Generalitat".

Bilateralidad y multilateralidad

El nuevo delegado del Gobierno en Catalunya tiene clara su misión: "garantizar un futuro diferente a los ciudadanos, mejorando diferentes cosas". Precisamente por eso, su tarea más inmediata es hacer un informe -en el cual ya trabaja- "sobre el funcionamiento de la estructura del Estado en Catalunya".

Pero para llevar a eso a cabo, hay que asumir, según él, que, mientras que "la relación entre España y Catalunya puede ser bilateral, los acuerdos tienen que ser multilaterales". Por todo ello, Millo ha querido dejar claro que "estoy aquí para evitar la política de colisión por una de las partes de los últimos cinco años", que, según su opinión, ha estado "la estrategia de la Generalitat desde 2012".

Financiación

Lamentándose de que "en los últimos años ha habido un interés de proyectar que la otra parte no quiere dialogar", el delegado español en Catalunya ha querido subrayar que "un modelo de financiación no puede ser bueno por un territorio y perjudicial para el otro" y ha justificado la actuación del gobierno de Rajoy asegurando que cuando tomó el relevo al PSOE en 2011 "la prioridad fue salir de la crisis y se dejaron para una segunda etapa los temas de relación y financiación".

"El modelo de financiación tiene que ser justo, equitativo, que garantice la igualdad de todos los españoles", ha sentenciado.