La Fiscalía de Bruselas ordenará a la policía detener al president Carles Puigdemont y los consellers antes de designar a un juez de instrucción que les tome declaración para decidir sobre sus euroórdenes, informaron hoy a Efe fuentes del Ministerio Público.

"Desde el momento en que sean privados de libertad, podrán comparecer ante un juez", explicó la Fiscalía, que precisó que está en contacto con los abogados de Puigdemont y de los cuatro miembros del Govern desplazados a Bélgica: Antoni Comín (Salu), Clara Ponsatí (Ensenyament), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).

Está previsto, pues, que el president y los consellers sean detenidos en las próximas horas y a continuación sean llevados ante un juez, que decidirá si tramita la euroorden de detención y entrega a la Audiencia Nacional. Según la Fiscalía, hasta que no sean detenidos no  se establecerá la jurisdicción de la causa y por tanto no se puede asignar juez.

Si bien deben ser detenidos, esto no significa que vayan a ser esposados "si no presentan resistencia ni riesgo de fuga", aunque sí estarán, en cualquier caso, "rodeados de policías", agregaron las fuentes de la Fiscalía de Bruselas, que se ocupa de los casos que hasta hoy trataba la Fiscalía federal de Bélgica.

Si el president y los consellers se encuentran en la misma región, lo más probable es que se designe a un mismo juez de instrucción, y no así si son detenidos en distintos puntos de Bélgica, agregaron las fuentes.

Una vez "los interesados sean encontrados y llevados ante el juez, éste tendrá 24 horas para tomar una decisión" sobre las citadas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE), según explicó este sábado la Fiscalía federal en un comunicado.

Una vez estén detenidos, el juez de instrucción deberá decidir si acepta o no la euroorden y, de hacerlo, mantendrá a los acusados en prisión preventiva o bien los dejará en libertad con "ciertas condiciones".

Si el juez de instrucción emite la orden de detención, el caso "se somete a la sala del Tribunal de Primera Instancia, que debe decidir dentro de los 15 días posteriores a la emisión de la euroorden" si esta se puede ejecutar.

"Si alguna de las partes implicadas no está de acuerdo con la decisión de la sala, puede recurrir ante el Tribunal de Apelación", que dispondrá de 15 días para tomar una decisión, añadió el Ministerio Fiscal.

El procedimiento de entrega a España, donde los políticos catalanes están reclamados por la Audiencia Nacional, puede teóricamente demorarse un total de 60 días, y 30 días más en casos excepcionales.

La Fiscalía informará sobre la situación del president y los consellers sobre las 14.00, hora local.