El Juzgado de Instrucción número 3 de Girona ha decidido no admitir a trámite la querella presentada por torturas y revelación de secretos contra el agente de la policía española que se infiltró en entornos independentistas de Girona y Salt. Según la denuncia, el agente mantuvo una relación sentimental con un activista con el objetivo de obtener información. Aunque la querella se presentó en noviembre de 2023, ha sido rechazada un año y medio después.
El abogado Benet Salellas ha anunciado que se ha presentado un recurso ante la Audiencia de Girona, calificando la resolución judicial de "vergonzosa e incomprensible". Ha remarcado que agotarán todas las vías judiciales a fin de que los hechos sean investigados. "Estas prácticas son claramente ilegales y moralmente inaceptables", ha afirmado Sílvia Rispau, del Sindicat d’Habitatge. La querella, interpuesta conjuntamente por Òscar Campos, con quien la agente infiltrada, que operaba bajo la identidad falsa de Maria Perelló, tuvo una relación entre el 2020 y el 2022, la CUP, Òmnium Cultural y otras entidades de Girona y Salt, incluía acusaciones de tortura, lesiones psíquicas, vulneración de la integridad moral y revelación de secretos.
Una vulneración grave de derechos fundamentales
El texto de la denuncia señalaba que la infiltración supuso una vulneración grave de los derechos fundamentales, especialmente por el uso de una relación íntima como instrumento para obtener información. Además, se denunciaba que el agente había estado presente en dos encuentros privados entre el activista y sus abogados, en el marco de la preparación de la defensa del caso conocido como '21 Raons'. Antes de pronunciarse, el juzgado solicitó un informe al Ministerio Fiscal, que concluyó que los hechos denunciados no constituían ningún delito penal. Finalmente, el juzgado se ha alineado con este criterio y ha optado por no abrir investigación sobre la infiltración.
Salellas denuncia "impunidad"
Benet Salellas ha denunciado la falta de investigación por parte de la justicia y ha criticado duramente que se niegue a revisar acciones presuntamente ilegales de funcionarios públicos. "La impunidad institucional es peligrosa: si no se pone límite a este tipo de prácticas, se normalizan y se extienden", ha advertido. También ha expresado que, a pesar de la desconfianza generalizada hacia el sistema judicial español en casos vinculados al independentismo, agotarán todas las opciones legales. Si la Audiencia rechaza el recurso, acudirán al Tribunal Constitucional y, si hace falta, a instancias europeas.
Desde las entidades afectadas, se considera la resolución como un paso previsible, pero no por eso menos escandaloso. "Nos encontramos ante una actuación indigna que perpetúa la impunidad y la represión política", ha dicho Sílvia Rispau, en una rueda de prensa conjunta con Òmnium y Alerta Solidaria ante los juzgados de Girona.
Los colectivos denuncian que el Estado no actúa ante las infiltraciones policiales conocidas en los últimos años y exigen verdad, justicia y garantías de no repetición. "Hay que depurar responsabilidades desde el policía infiltrado hasta los responsables políticos, empezando por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska," ha concluido Rispau. Elena Jiménez (Òmnium Cultural) y Martí Majoral (Alerta Solidària) han denunciado la falta de voluntad del Estado por abrir rendijas de justicia y han acusado al Gobierno de criminalizar sistemáticamente el independentismo. "No nos detendremos hasta que se asuman responsabilidades", han afirmado.