Tanto Plataforma per la Llengua como Junts per Catalunya han denunciado que la regularización extraordinaria de migrantes ignora el catalán, mientras aseguran que el Govern de Salvador Illa anunció hace dos meses que haría de la lengua un requisito para renovar la residencia al cabo de un año. "Habiendo analizado la normativa publicada en el BOE ayer (miércoles) vemos que no es así", lamentó este jueves la entidad. 

En un hilo de Twitter, Plataforma per la Llengua explica que "el catalán no es ningún requisito obligatorio, solo aparece en un informe de arraigo opcional en casos concretos". "Hablamos de una vía excepcional, pero si las personas regularizadas ya trabajan en Catalunya no es necesario que acrediten ningún conocimiento de la lengua", añade. La entidad defiende que, "si queremos integrar, es necesario hacer el catalán necesario", y se pregunta: "Si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Cohesión o segregación lingüística?". "El catalán debe ser la lengua de cohesión, y exigirlo en la regularización extraordinaria, como ya hacen países como Andorra, es el primer paso", sentencia, antes de exigir al Govern que incorpore el catalán como requisito en la primera renovación de los permisos.

Al día siguiente, este viernes, Junts se ha sumado a Plataforma per la Llengua y ha ido más allá, anunciando que su departamento jurídico preparará una denuncia ante las instituciones europeas por la vulneración de diversas directivas y la marginación de una lengua cooficial como criterio de integración. Al respecto, el partido ha criticado que "el gobierno español ha modificado el decreto, de modo que excluye el catalán como requisito a la hora de adquirir la residencia". "Hace dos meses, el gobierno de Salvador Illa anunció que quería hacer del catalán un requisito para renovar la residencia al cabo de un año en la regularización extraordinaria aprobada esta semana, pero esta condición no figura en el texto de la normativa publicada en el BOE. Una vez más, el gobierno de Salvador Illa ha engañado a los catalanes y vuelve a demostrar que la existencia de una Conselleria de Política Lingüística es solo pura fachada y que acuerdos como el Pacte Nacional per la llengua son papel mojado", señalan.

Los de Carles Puigdemont también han lamentado que el proceso de regularización "está provocando un grave colapso de los servicios municipales en toda Catalunya", y consideran que el ejecutivo de Pedro Sánchez "externaliza todos los problemas hacia los ayuntamientos, que se encuentran desbordados, sin financiación y capacidad administrativa para abordar este proceso con garantías". Y todo, porque el gobierno español ha vuelto a optar por "un decreto ley que no se ha podido ni enmendar ni votar en el Congreso". Con todo, los independentistas también llevarán a todas las cámaras donde tienen representación "toda una serie de iniciativas para intentar corregir estos hechos".