La denuncia de Foment del Treball contra la campaña Consum Estratègic de la ANC ha generado un conflicto competencial entre el Estado y la Generalitat después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia decidió asumir el caso y abrir expediente.
El Govern considera que esta es competencia de la Autoridad Catalana de la Competencia y no de la Comisión Nacional, por lo cual, hoy ha solicitado al Consell de Garanties Estatutàries el dictamen previo a la interposición de un posible conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.
La campaña Consum Estratègic fue impulsada el 19 de julio por la ANC y tenía como objetivo promover la contratación de bienes y servicios a empresas afines a la causa independentista. Foment denunció que esta campaña incitaba al boicot y presentó una denuncia ante la Autoritat Catalana de la Competència.
El ejecutivo catalán argumenta que "según un informe del Gabinet Jurídic de la Generalitat, la denuncia por una posible infracción de la Ley de defensa de la competencia presentada por Foment es un expediente que tendría que tramitar la Autoridad Catalana de la Competencia y no la CNMC", dado que la norma estatutaria señala que és "la administración catalana quien tiene reconocidas las competencias en materia de promoción y defensa de la competencia y del mercado interior en el ejercicio de las actividades económicas que tengan lugar en el ámbito territorial de Catalunya".