Un "enfrentamiento" entre vecinos en Barcelona acabó la noche del 1 de octubre del 2017 en una denuncia por delito de odio contra el president Carles Puigdemont, dado que el denunciante le responsabiliza de la situación de tensión que derivó en aquellos hechos. El protagonista de la historia es el abogado Esteban Gómez Rovira, hijo del abogado del mismo nombre que impulsó una campaña judicial los años 80 en defensa de la enseñanza en castellano y contra la Ley de Normalización Lingüística, lo cual le convirtió en objetivo de Terra Lliure. La misma noche del 1-O, Gómez Rovira hizo llegar un primer escrito de denuncia al juzgado de guardia. Y aquí empezó el periplo del caso, de juzgado en juzgado, recorriendo a diferentes instancias, de Madrid a Barcelona, como una incansable pelota rodando constatemente para mantener vivo el caso.
Los hechos que provocaron este alud de procedimientos se produjeron a las 10 de la noche del 1-O, cuando el denunciante llegó a su casa de Barcelona, acompañado de sus progenitores. Volvían de urgencias de un hospital, según relata, y aparcaron ante el portal en plena cacerolada de protesta por las cargas policiales que se habían registrado durante las votaciones del referendum. Según su relato, una joven de unos veinte años reconoció al padre -"todo el barrio le conoce", explica- y agitó ante su cara un manojo de llaves. La tensión fue aumentando hasta que tuvo que refugiar a los padres dentro del portal, mientras la chica le llamaba fascista, en unos gritos a los que se habría añadido otra mujer, a la que identifica como la madre de la joven, que además filmaba la escena. Otras personas que se encontraban en la calle se habrían sumado al abucheo, según su relato, mientras la joven, llorando, les responsabilizaba de las cargas policiales y dejaba ante la puerta un clavel, "flor de cementerio".
El abogado explica en su escrito que telefoneó a los Mossos en las 22.06 y, dado que no se presentaban, a las 23 horas empezó a escribir la denuncia dirigida al juzgado de guardia. El texto, donde explica con profusión de detalles que su familia sufrió diferentes atentados de Terra Lliure a raíz de la lucha en defensa del castellano del padre, atribuye toda aquella situación a la acción del entonces president de la Generalitat, Carles Puigdemont. "Hemos aguantado estoicamente la cacerolada y ayer por primera vez desde los atentados y persecución sufrida por esta familia, escuchamos insultos de nuestros vecinos", explica. Responsabiliza al líder independentista de atizar un enfrentamiento que compara con la liquidación de la República de Weimar por parte de Hitler. "Es evidente que el señor Puigdemont quiere que nos marchemos para construir un proyecto totalitario", concluye.
Puigdemont
Una vez en el juzgado de guardia la denuncia fue a parar por reparto al juzgado número 7 de Barcelona, el cual, vista la condición de aforado de Puigdemont, la envió al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Sin embargo, la denuncia no llegó nunca al TSJC. Se "extravió", como tuvo que admitir este tribunal cuando el abogado pidió explicaciones sobre su silencio. Paralelamente, en mayo del 2018, el letrado hizo llegar su denuncia por delito de odio al Tribunal Supremo, explicando que la que había tramitado en Catalunya se había perdido en el TSJC.
De nuevo, en noviembre del 2021 reiteró la denuncia ante del TSJC. Esta vez, el tribunal si dictaminó y el 3 de marzo del año pasado concluyó que, dado que Puigdemont ya no era diputado en el Parlament de Catalunya sino en el Parlamento Europeo, ya no era competente para ver aquel caso, que correspondía al Tribunal Supremo, donde ya había un procedimiento abierto, por lo cual archivó el caso.
Indemnización de 2.000 euros
El 14 de octubre del 2022 Gómez Rovira volvió a presentar un escrito al juzgado de primera instancia de Barcelona donde exigió la apertura de un juicio verbal, y reclamaba a Puigdemont una indemnización de 2.000 euros por daño moral.
Por su parte, la Fiscalía del Supremo concluyó el 7 de julio de este año que, dado que los hechos que se atribuye a Puigdemont en la demanda no se produjeron cuando era europarlamentario, tampoco le corresponde ver el caso al Supremo, sino al juzgado de primera instancia de Barcelona, en aplicación del principio de juez ordinario predeterminado por ley.
Resolución de Llarena
La última acción registrada es de este 12 de septiembre. Gómez Rovira volvió al Supremo para solicitar la resolución del procesamiento que el juez Pablo Llarena emitió contra Puigdemont para incorporar el delito de odio por el cual persigue el político independentista desde hace seis años.
Puigdemont no es el único político hacia el cual ha dirigido su atención el abogado Esteban Gómez Rovira, conocido también en los medios españoles como abogado del Yoyas, se caracteriza por su intensa actividad en los juzgados. El 2020 se querelló contra el ministro de Justicia, entonces Juan Carlos Campo, por un delito de coacciones después de que el Gobierno impidió que el rey Felipe VI asistiera a la entrega de despachos de la escuela judicial de Barcelona aquel año. Llevó a los tribunales la votación de la reforma laboral que votó por error el diputado popular Alberto Casero. Ha presentado dos diferentes denuncias contra el presidente del CIS, José Félix Tezanos, por manipular y mentir a las encuestas del Centro. El 2022 se querelló contra el secretario de Estrategia y Acción Electoral del PSOE por tildar en Vox de extrema derecha. El 2022 denunció al entonces líder del PP Pablo Casado de revelación de secretos, a raíz de la publicación de los datos fiscales del hermano de Isabel Díaz Ayuso.