Acabar con la red diplomática del Govern en el exterior, y con la explicación del caso catalán por el mundo, fue uno de los principales objetivos del gobierno español con el 155. Desde entonces y hasta ahora se han cerrado 11 embajadas, lo que ha supuesto varios despidos y la rescisión de varios contratos de alquiler. Sin embargo, 'la operación de liquidación' de la tarea del Departament d'Exteriors en el extranjero no está acabada. Según fuentes del Ministerio de Exteriores, todavía quedan los "últimos flequillos" y no se acabará hasta el 15 de abril.

Actualmente, queda abierta la oficina de Bruselas, que según las fuentes del ministerio, da trabajo a 35 personas y tiene alquiladas tres plantas de un edificio en el centro de la ciudad y 9 plazas de garaje, lo que cuesta cerca de unos 900.000 euros anuales. La oficina se ha mantenido abierta porque se dedica principalmente a potenciar y defender las relaciones comerciales de Catalunya, cosa que entra dentro de las competencias de la Generalitat, aunque se destituyó a su delegado, Amadeu Altafaj.

Delegados Gobierno exterior - ACN

También queda para resolver un ERE que afecta a 12 delegados —de las 11 oficinas, más el delegado en la oficina de Bruselas, la única que queda activa—, 34 personas que trabajaban en las oficinas y 18 trabajadores de Diplocat. Quedan también por cerrar "flequillos de segundo nivel", como retirar mobiliario de algunas oficinas o entregar las llaves de alguno de los locales cuyos alquileres se han cancelado.

Un cierre muy caro

El cierre de las oficinas en el exterior ha obligado a rescindir los contratos de alquiler, muchos de los cuales comportaban severas penalizaciones por acabar el contrato antes de tiempo. Así, por ejemplo, el contrato de alquiler de las oficinas en Polonia establece una penalización equivalente a cuatro años de alquiler si el contrato se resuelve antes de tiempo.

El cierre de toda la estructura de representación política en el exterior también ha afectado a la financiación de los 62 casales catalanes, centros de atención y reunión para los emigrantes catalanes en el extranjero.

La financiación de estos centros y sus actividades estaba conformada como un único expediente por valor de más de un millón de euros, que incluía los gastos corrientes y gastos legítimos por valor de 630.000 euros, junto con fondos para financiar actos políticos y actividades de difusión del proyecto independentista.

A causa de la retirada de la subvención, en muchos casales se ha puesto en riesgo su actividad y viabilidad.

El presupuesto de Exteriors

La supervisión de las cuentas de la Generalitat ha puesto de manifiesto que la Conselleria d'Assumptes Institucionals, Exteriors i de Transparència que lideraba Raül Romeva tenía un presupuesto anual de más de 62 millones de euros, 35 de los cuales eran gastos corrientes justificados, como por ejemplo nóminas.

Los otros 27 millones estaban dedicados a sufragar actividades, conferencias, viajes, foros, campañas de publicidad e información, etcétera. Algunas de las cuales, servían para explicar Catalunya, y el caso catalán, al mundo.