La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, descarta por ahora investigar el espionaje con Pegasus en la Unión Europea. O'Reilly ha dicho este miércoles ser "consciente" de los casos de espionaje en países del club comunitario, como España, Hungría o Polonia, pero ha asegurado que el organismo no ha recibido ninguna queja sobre esta cuestión y, por lo tanto, por ahora no está en sus planes investigar los casos de espionaje, que afectan a eurodiputados de ERC y Junts. En caso de que llegue una queja sobre como las instituciones o agencias europeas están abordando la cuestión, O'Reilly ha asegurado que lo analizarán.
Según las revelaciones del Citizen Lab, los eurodiputados de ERC Diana Riba y Jordi Solé fueron espiados con Pegasus. Los eurodiputados de Junts también se habrían visto afectados: Toni Comín antes de coger el acta, Carles Puigdemont a través de su entorno y, en el caso de Clara Ponsatí, por el espionaje a uno de sus asistentes. Una vez se publicaron las revelaciones sobre el espionaje a eurodiputados, la Eurocámara puso a disposición de sus miembros un servicio para saber si tenían instalado Pegasus. La cámara también ha creado un comité de investigación, que se ha se había acordado establecer antes del CatalanGate, para determinar si el uso de Pegasus ha infringido la legislación de la Unión Europea y los derechos fundamentales. El comité tiene previsto presentar un informe final dentro de un año. Con respecto a la Comisión Europea, ha insistido en que son los estado los que tienen que investigar los casos de espionaje con Pegasus.
Portazo de la Audiencia Nacional
El magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el caso Pegasus, José Luis Calama, ha rechazado que la Generalitat sea acusación popular por "falta de legitimación". Calama ha desestimado la petición del Govern porque "actualmente no hay habilitación legislativa general catapara que las personas jurídicas públicas ejerzan la acción popular". "La falta de legitimación de la Generalitat de Catalunya para personarse en las presentes actuaciones en la referida calidad aparece de forma meridianamente clara", dice Calama en un auto que va en línea con la posición de la fiscalía, que se opuso a la petición de la Generalitat.
Calama no cree que la legitimación de la Generalitat se pueda sustentar en la normativa autonómica que invoca el Gobierno en su petición y sostiene que la acción pública en este procedimiento penal corresponde en exclusiva al ministerio público. Para Calama, en este procedimiento "no existe previsión legal específica en que pueda ampararse la personación pretendida". El magistrado investiga en esta causa el espionaje al presidente español, Pedro Sánchez, y en el resto de ministros a raíz de una denuncia presentada por la Abogacía del Estado.