La defensora del pueblo de la Unión Europea (UE), la irlandesa Emily O'Reilly, ha denunciado los "incapaces" protocolos de Frontex, la agencia policial europea de control de fronteras y costas, para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y dar respuesta a la llegada de migrantes por el Mediterráneo, y responsabiliza de ellos directamente a los Estados miembros. A raíz de la tragedia del barco Adriana en junio de 2023, donde murieron más de 600 personas ante las costas de Grecia, O'Reilly ha investigado los protocolos europeos para gestionar la migración irregular que llega en barcos y pateras y ha emitido una resolución en la cual señala graves carencias. Además, meses después de la tragedia, O'Reilly reclama a los organismos europeos que establezcan una comisión de investigación independiente por aclarar "las razones del gran número de muertos en el Mediterráneo".

Emily O'Reilly señala que la actual normativa europea "deja a Frontex incapaz de cumplir plenamente con sus obligaciones en materia de derechos fundamentales" y hace este cuerpo policial de fronteras "demasiado dependiente de los Estados miembros para poder actuar" en determinadas circunstancias que se pueden encontrar con las migraciones. El caso del Adriana es un ejemplo, según señala la defensora del pueblo: Frontex hizo cuatro propuestas diferentes a Grecia para vigilar y asistir al barco, pero las autoridades griegas no respondieron, por lo que el cuerpo de guardacostas no tenía autoridad para ir a la ubicación requerida, y cuando lo hicieron, el barco ya se había hundido.

Por otra parte, O'Reilly critica que Frontex no tiene directrices internas sobre la emisión de señales de emergencia y que tampoco hay garantías de que los observadores de derechos fundamentales que los tienen que guiar y fiscalizar estén lo bastante involucrados en la toma de decisiones en caso de emergencias marítimas. "Frontex incluye guardacostas en su nombre, pero su mandato y misión actuales claramente no llegan a eso. Si Frontex tiene el deber de ayudar a salvar vidas en el mar, pero faltan las herramientas para eso, entonces es claramente una cuestión que corresponde a los legisladores de la UE", señala la defensora del pueblo.

 

La UE, en riesgo de ser "cómplice de violaciones de derechos"

"Cooperar con las autoridades nacionales cuando existe preocupación sobre el cumplimiento de sus obligaciones de búsqueda y rescate corre el riesgo de convertir a la UE en cómplice de acciones que violan derechos fundamentales y cuestan vidas", denuncia O'Reilly en una nota de prensa presentada este miércoles. Sobre el caso concreto del Adriana, la defensora del pueblo europea se pregunta "¿por qué un barco que obviamente necesitaba ayuda nunca recibió esta ayuda a pesar de que una agencia de la UE, las autoridades de dos estados miembros, la sociedad civil y barcos privados sabían de su existencia?". "¿Por qué los informes sobre hacinamiento, una aparente falta de chalecos salvavidas, niños a bordo y posibles muertos no consiguieron desencadenar los esfuerzos de rescate oportunos que podrían haber salvado centenares de vidas?", insiste.