Los abogados de cinco de los siete CDR acusados por terrorismo han pedido este miércoles a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional que revoque la orden de prisión provisional dictada el pasado 26 de septiembre por el juez Manuel García Castellón y permita la liberación, aunque sea con medidas cautelares. Por su parte, la Fiscalía ha pedido que la prisión se mantenga. Ahora será el magistrado que tendrá que decidir qué hace.
Según la abogada de Alerta Solidaria Eva Pozos las defensas también estudian presentar querellas por vulneración de los Derechos Humanos en este caso, donde algunos de los detenidos no tuvieron acceso a un abogado hasta horas después de la detención y donde –según denuncian- se ha negado a las defensas el acceso a aspectos indispensables del sumario para poder valorar las medidas de prisión. Pous ha recordado que todos son personas con domicilio conocido y con arraigo social que podrían ser liberadas con medidas cautelares para asegurar la presencia ante el juez.
Las vistas de este miércoles han tenido lugar delante de la Sala Segunda de la Audiencia Nacional –sin el juez García Castellón- y con la presencia de las defensas de Eduard Garzón, Xavier Buigas, Ferran Jolis, Guillem Xavier Duch y Alexis Codina. Han tenido lugar a puerta cerrada sin los detenidos y han estado presentes también representantes de la Fiscalía y de la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo, que ejerce de acusación popular.
La Audiencia también ha recibido un recurso de la defensa de Jordi Ros en la misma dirección, mientras que la defensa de Germinal Tomás ha presentado un recurso ante el mismo juez García Castellón, que no se resolverá este miércoles.
Según Pous, más allá de las circunstancias de la detención y de estas posibles vulneraciones de los Derechos Humanos, las defensas reclaman ahora a la Sala Segunda que revoque el orden del juez García Castellón de decretar órdenes de prisión "injustificables tan jurídicamente como socialmente". "Cuando hay una injusticia hace falta una modificación de esta situación, y no sé hasta qué punto socialmente nos podemos permitir que haya vulneraciones de los Derechos Humanos", ha apuntado.
Según Pous, estas vulneraciones van "desde el hecho de que en el momento de las detenciones algunas de las personas no tenían asistencia letrada" al hecho de que "las defensas no hayan tenido acceso a los elementos indispensables para valorar" el caso.
El fiscal Miguel Ángel Carballo ya ha adelantado que se opone a la puesta en libertad de los encarcelados, que considera responsables de delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.
El levantamiento del secreto del sumario de la causa dio a conocer las declaraciones de los dos CDR que rechazaron las defensas de Alerta Solidaria y declararon ante la Guardia Civil y el juez. Jordi Ros dio detalles de sus supuestos preparativos de acciones violentas y de los "ensayos" con sustancias explosivas. Ferran Jolis expuso un supuesto plan de asalto al Parlament con la intención de resistir cinco días y con la participación del president de la Generalitat, Quim Torra.