"No ha sido una persecución política, pero sí una persecución al padre espiritual de Catalunya. A una forma de entender Catalunya, que entendían tanto catalanes de origen como catalanes que acababan de llegar", ha afirmado el abogado Francesc Sánchez este miércoles en su informe final en la Audiencia Nacional para pedir la absolución de Oriol Pujol Ferrusola, exsecretario de Convergència, por la herencia familiar en Andorra. Sánchez ha replicado así al fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo, que el lunes acusó al president Pujol y a sus hijos de “corrupción” y “perjudicar a la sociedad catalana”, con defraudaciones fiscales, mientras se denuncia el España nos roba". Tampoco ha olvidado los orígenes de la causa, con la policía patriótica del PP y la "extorsión que relataron en el juicio que sufrieron los titulares de la BPA". En este sentido, Pau Ferrer, abogado de Marta, Mireia, Pere y Oleguer Pujol Ferrusola, ha asegurado que se les ha perseguido penalmente por “ser los hijos del president Pujol; por filiación”.
Sánchez y Ferrer han compartido que ninguno de los hijos Pujol cometió blanqueo de capitales porque solo asumieron en Andorra, a partir de 1992, unos fondos de origen opaco del abuelo Florenci, pero no son fruto de la corrupción. La misma tesis han expuesto este miércoles Cristóbal Martell, abogado de Jordi Pujol Ferrusola, y Jaime Campaner, de Josep Pujol Ferrusola, al pedir su absolución. “No hay prueba para condenarlos”, han asegurado. Sánchez ha añadido que solo se podría condenar a Oriol si eso fuera delito, el hecho de tener una cuenta en Andorra con fondos no declarados y que en el año 2000 traspasó a su hermano Jordi.
Banca Catalana
En su informe, el abogado Pau Ferrer ha denunciado que no se ha probado la acusación que ha tratado a la familia Pujol “como un bloque monolítico que se aprovechó de recursos públicos contra los catalanes”. El penalista también ha recordado al tribunal que “la jurisprudencia es clara en separar hechos ilícitos de los delictivos” y que los fondos que los hijos tenían en Andorra eran de origen desconocido”, como —ha recordado— también admiten los policías en sus informes.
Ferrer ha sido contundente y ha puesto a la picota las afirmaciones del instructor de la UDEF, que declaró en el juicio que conocía que en el caso Banca Catalana, la Audiència de Barcelona descartó la imputación del president Pujol en 1986, pero que quería profundizar en el caso. El policía, que confesó que tenía animadversión a los Pujol,precisó que quería ampliar los hechos, aunque sobreseídos, hablando con uno de los fiscales del caso, Carlos Jiménez Villarejo, y porque se hablaba de ello en la prensa. “Estos son los imprecisos contornos” e “insoportable”, ha calificado Ferrer, de la “falta de certeza” acusatoria.
El abogado también ha precisado que el cambio de las cuentas de Andbank a la BPA, que hicieron el año 2010, “no es ninguna ocultación porque se hizo por transferencia y hay trazabilidad". También al ocultar su nombre en fundaciones, como les recomendaron los gestores bancarios.Y ha hecho referencia a jurisprudencia del Supremo que aclara que “blanquear no es lo mismo que opacidad tributaria”, y que los Pujol regularizaron los bienes de Andorra en 2014.
Por su parte, Oriol Rusca, abogado de Mercè Gironès, en un tono un tanto exaltado, ha pedido su absolución al reiterar que se la acusa simplemente por ser la mujer de Jordi Pujol Ferrusola y figurar en algunas sociedades compartidas por el matrimonio. “El objetivo de los policías era encontrar pruebas contra los Pujol”, ha denunciado Rusca. También ha indicado que la venta de un solar de Palamós por parte de Gironès a Copisa fue legal “y tributó” por las ganancias.
El juicio continúa este jueves con los informes de los abogados de los siete empresarios acusados de hacer negocios con el hijo mayor del president Pujol. Este miércoles, el penalista Fermín Morales ha pedido la absolución por el empresario andorrano Francesc Robert Ribes, del cual ha asegurado que la policía “no analizó su capacidad inversora”, y el abogado Luis Jordana ha solicitado la absolución del empresario mexicano Bernardo Domínguez, afirmando que los préstamos que hizo a Jordi Pujol Ferrusola fueron reales.
