La defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva ha pedido que en el juicio en el Tribunal Supremo declaren como testigos el presidente catalán en el exilio Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC Marta Rovira, los dos por videoconferencia, así como del senador del PP Ignacio Cosidó, por sus declaraciones sobre el presidente del tribunal, Manuel Marchena, y la exsecretaria del Parlament Anna Simó. También pide la testifical de periodistas, el Síndic de Greuges, afael Ribó, y de la secretaria judicial del juzgado de instrucción número 13 en Barcelona, que denunció la presión de los manifestantes el 20-S en la Conselleria de Economía.
Del centenar de testigos, también destacan el letrado mayor y el secretario general del Parlament, miembros del gobierno español como el secretario de estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el secretario general técnico de Interior, Juan Antonio Puigserver, y el delegado en Catalunya, Enric Millo, así como representantes policiales como el coronel Diego Pérez de los Cobos, y los dos máximos mandos en Catalunya de los cuerpos policiales estatales. También se pide la declaración de varios mandos de los Mossos d'Esquadra, y cargos de la Guardia Civil que hicieron atestados de investigación o dirigieron operativos el 1-O.
De políticos, también piden que declaren al actual conseller de Exteriors, Alfred Bosch, y el de Trabajo, Chakir El Homrani, el cupaire David Fernández o el diputado en el Congreso Gabriel Rufián, así como el exdiputado y cantautor Lluís Llach. También se citan varios representantes de delegaciones internacionales conocedoras del Diplocat.
Asimismo, solicitan varios testigos que estuvieron ante Economía el 20-S o en varios colegios electorales el 1-O.
Periciales médicas y traducción simultánea
Igualmente, solicitan periciales médicas y de derecho internacional, y que se aporten al procedimiento buena parte de la causa instruida a los juzgados 7 y 13 de Barcelona y a la Audiencia Nacional, aunque de las últimas causas pide la impugnación para que no sean usadas como pruebas en el Supremo. De hecho, la defensa también pide que se desestimen algunas de las pruebas propuestas por la fiscalía.
Por último, los dos piden poder declarar en lengua catalana y que haya traducción simultánea al castellano para preservar sus derechos lingüísticos. Además, solicitan que se reserven diez plazas para cada uno para sus familiares y amigos, así como cinco plazas para observadores jurídicos internacionales, aparte de otros elementos logísticos que faciliten el trabajo de acusados y abogados, como el juicio se celebre en Barcelona y no en Madrid.