El mismo Francesc Homs acusó la Fiscalía, durante la declaración lunes delante el el juez del Tribunal Supremo, de tener una actitud "peculiar" ante su caso y en la presentación de la querella que ha abierto la causa judicial del 9-N. Hoy, filtrando una hipotética sentencia, cuando la fase de instrucción está en el principio, sólo 48 horas después de la comparecencia d'Homs en el tribunal, "está haciendo estrictamente política. Le es igual el derecho", dicen fuentes de la defensa a El Nacional.

La Fiscalía pide en su acusación la inhabilitación d'Homs con el delito de desobediencia. Y cree que se lo acabará condenando sólo por este hecho y que caerá el delito de malversación de fondos públicos, como ya ha caído de la acusación de Artur Mar, Joana Ortega y Irene Rigau.

"La fiscalía tiene una posición insólita", dicen fuentes de la defensa d'Homs. "No he visto nunca una posición tanto obviamente política, estrictamente política," insisten las mismas fuentes. Y lamentan que el Ministerio Público hable antes de acabar el proceso, lo que se puede calificar de otro hecho insólito dentro de los procesos judiciales: "La fiscalía no tiene que posicionar de ningún tipo".

Y en este sentido vuelve aflorar la división que provocó en el Ministerio Público la presentación de la querella del 9-N. "La fiscalía de Barcelona no se querellaba porque no hay delito", recuerdan a los abogados del ex conseller de presidencia. "No se ha cometido ningún delito", insisten.

La Fiscalía durante la declaración

Francesc Homs no quiso responder ninguna pregunta de la Fiscalía durante la declaración al Tribunal Supremo. Lo que sí que hizo fue dirigirse directamente a la Fiscalía durante su alegato cuestionando su independencia judicial. Y es que Homs recordó en medio de la declaración que los fiscales catalanes no estaban de acuerdo en presentar la querella y que eso provocó la irrupción del Fiscal General del Estado, en aquel momento, Eduardo Torres Dulce, que fue directamente.

De hecho, Homs, ha explicado después en rueda de prensa que "la Fiscalía en la cuestión catalana actúa al servicio los intereses partidistas del PP".

La querella dividió a los fiscales catalanes y obligó a convocar a una Junta General Fiscal, que hacía diez años que no se hacía, para forzar la presentación que abrió la causa contra la cúpula del gobierno de la Generalitat.

El fiscal Jaime Moreno sacó pecho ante las acusaciones y expuso que el Ministerio Público actúa según "impera la ley sin ningún tipo de indicaciones políticas".