La defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha pedido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Catalunya que levante la suspensión del tercer grado, que la jueza acordó el martes pasado. También tomó la misma decisión para el líder de ERC, Oriol Junqueras, para los consellers Raül Romeva y Joaquim Forn, y para el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez.

En el escrito presentado a la jueza el viernes la defensa expone sus alegaciones al recurso de la Fiscalía porque Cuixart "no ha dicho nada que no hubiera dicho durante el último turno de palabra del juicio o en el libro Lo volveremos a hacer". También añade que el presidente de Òmnium "siguiera ejerciendo el derecho de manifestación, el derecho de reunión y la movilización de la ciudadanía, derechos fundamentales que están recogidos, a la Constitución Española y a los Tratados Internacionales". Según la defensa, "si lo que se pretende es enmudecer al interno bajo la amenaza de no acceder a ninguna posibilidad de salida de la prisión, esta pretensión, que atenta contra los derechos fundamentales del interno, no tiene ninguna posibilidad de prosperar".

Casi tres años encarcelado

El escrito de alegaciones asegura que el Ministerio Fiscal está "reinterpretando" la normativa penitenciaria que hasta ahora "se estaba aplicando pacíficamente sin discusión" en Cuixart y en el resto de presos políticos condenados. Lamenta que la fiscalía "olvida" que Cuixart lleva cumplidos 2 años y 9 meses de prisión efectiva porque el 14 de octubre, cuando se dictó la sentencia, ya llevaba dos. Por eso añade que el tiempo en la prisión ya "satisface las finalidades de prevención general y especial de la pena".

Argumenta que Cuixart ha hecho 14 salidos sin que se haya producido ninguna incidencia y lamenta que la fiscalía "pone el acento no en lo que hace el interno sino en lo que dice" en referencia a la visita a Òmnium y a las entrevistas en la radio y TV3. "La tergiversación de las palabras del interno que hace el Ministerio Público sólo obedece a un intento de limitar el itinerario penitenciario limitante al mismo tiempo su derecho a la libertad de expresión", admite.

Delito de sedición

Critica que la fiscalía despoje la pena de sus finalidades de reeducación y reinserción argumentando que es "la primera vez en la historia de la democracia española" que se comete este delito. La defensa de Cuixart recuerda otros casos relacionados con el delito de sedición donde no se entendió que la gravedad tuviera que incidir en el itinerario penitenciario de los condenados. Apunta que la aspiración a la independencia de una parte del territorio "es legítima en nuestra democracia".

Finalmente, la defensa indica que el Ministerio Fiscal se mueve por la "exacerbación" al reducir el cumplimiento de la pena en un "castigo ejemplarizante que impide cualquier evolución en el itinerario penitenciario no por la concreta acción típica que diera lugar a la condena, sino por haber querido romper la unidad territorial de España". Lamenta que la fiscalía quiera "cambiar" la ideología de Cuixart a través del tratamiento penitenciario.

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