La táctica de la pérdida de memoria también la ha utilizado Cristina Cifuentes ante el juez para evitar admitir fraude. Quien fue presidenta de la Comunidad de Madrid con el PP, salió por la puerta de atrás después de una presunta falsificación del acta de un trabajo de máster en Derecho Público cursado en la Universidad Juan Carlos I. El caso saltó a los medios el año 2018 y allí murió su carrera política, aunque los hechos se remiten en el año 20212 y es hoy cuando se ha enfrentado a la justicia.

Llena de dudas e incertidumbres por las preguntas de la fiscalía, Cifuentes asegura que el acto de entrega del máster "fue muy informal" delante de personas que se suponía que eran profesores pero que no los conocía porque no había podido asistir a las clases por su tarea política. Y sobre la justificación de los estudios declara: "Mire, no guardo ningún ejemplar de los ejercicios, es más, he estado buscando sobre todo el final de trabajo de máster que era el que más me importaba pero no lo encuentro".

Sin embargo, asegura que lo presentó pero pone una peculiaridad impropia de cualquier alumno: "Realmente yo no defendí el trabajo, lo entregué y expliqué las líneas generales. Pero me sorprendió porque las personas a las que entregué el trabajo no sé si eran el tribunal que lo evaluaba".

La hermana entregaba sus ejercicios

En resumen: no conoce a los profesores, defiende el trabajo pero a medias y no guarda ninguna copia de lo que entregó, tampoco algún apunte o un ejercicio complementarios a modo de prueba. Eso sí, el título figuraba de forma digitalizada en todos los currículums desde el partido y las estructuras oficiales que presidía.

Además, ha declarado que se matriculó porque la Universidad Juan Carlos I le puso las cosas fáciles e incluso no se tenía que preocupar ni por entregar los trabajos: "Mi hermana se encargaba de entregarlos o alguien de mi equipo". Ante la incongruencia de vivir en la era digital, asegura que lo escribía en ordenador pero a ella le "gustaba" entregar todos los ejercicios imprimidos.

En el centro de todo el entramado sitúa el profesor Enrique Álvarez Conde a quien, por cierto, ya está muerto y obviamente ya no le puede replicar nada. De Conde dice que era su interlocutor y el encargado de ponerle las cosas fáciles para que evitara tener que presentarse de forma presencial en las clases y hacer la evaluación continua. Hay que recordar que el juicio se reanuda después de que Cecilia Rosado, la directora del máster, confesara que falsificó el acta académica a causa de las presiones que recibió.

La profesora Rosado, también juzgada, ratificó ante el tribunal que fabricó este documento después del escándalo del 2018, aunque los estudios figuraban el año 2012, y también después de recibir continuas presiones. En definitiva, la única prueba que ha podido aportar la expresidenta madrileña es una triste nota escrita en su agenda electrónica del 2012, cuando estaba al frente de la Delegación de Gobierno en Madrid. En ella, ponía 'Máster URJC'. En la fiscalía, este detalle, parece que no le ha convencido.

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