El Govern no tiene la mayoría absoluta en el Parlament. Junts per Catalunya y ERC suman actualmente 64 diputados, cuando el umbral se sitúa en 68. Eso significa que para impulsar cualquier iniciativa, tenga o no que ver con la independencia, necesita seducir por lo menos a uno de los cinco grupos de la oposición. Y con el decreto sobre la limitación del precio del alquiler en Catalunya no lo han logrado. Su esperanza eran los comunes y la CUP, pero ambos partidos les han dado la espalda porque lo consideran insuficiente.

En los últimos cinco años el precio medio del alquiler en Catalunya ha crecido un 29% y la media se sitúa en los 698€, 160€ más que en 2013. En el caso de Barcelona, la situación es aún más grave, el aumento se dispara hasta el 40%, 270€ por encima que hace cinco años, el precio medio por un piso de 72 metros cuadrados es de 949€. Con esta radiografía de la situación de emergencia actual ha empezado su discurso para vender su decreto la consellera de Justicia, Ester Capella, una medida que según ha dicho "pone a las personas por delante del mercado". Por eso se ha dirigido a comunes y la CUP, "les pido que nos hagamos una pregunta, ¿si hoy este decreto ley no sale adelante, quién aplaudirá con las orejas"?. Ella misma ha respondido, "todas aquellas organizaciones partidarias de que el mercado se regule sólo", y les ha reprochado con contundencia que votando en contra, "ustedes se ponen al lado del Banco de España, de Foment del Treball, del PSC, el PP y Cs, quien les ha visto y quien les ve, sí que se puede, se puede si se quiere".

Convencida de que era imposible arrastrarles del 'no' al 'sí', Capella ha pedido a CUP y comunes una abstención, para que el decreto no decayera y pudiese haber seguido el trámite parlamentario. Les ha emplazado, en ese sentido a que "si creen que se queda corto, hagan propuestas, participen en la mejora del texto". Pero nada de todo lo que ha dicho este miércoles en el Parlament ni tampoco a lo largo de las últimas semanas, desde que se presentó el documento en plena campaña de las elecciones municipales, ha sido suficiente.

Por demasiado o por demasiado poco, todos en contra

Al 'no' inamovible del PSC, el PP y Cs, que denuncian por encima de todo que el Govern se excede en sus competencias, se ha añadido el de comunes y la CUP, estos dos últimos por un motivo distinto al resto, que es que la nueva norma no serviría para el objetivo de limitar realmente los precios. Así lo denuncian también los colectivos de defensa del derecho a la vivienda, como el Sindicato de Arrendatarios, la PAH o las asociaciones vecinales.

Desde Catalunya en Comú, Susana Segovia ha recriminado a la consellera que "ERC no buscó ni el apoyo de organizaciones sociales ni de los partidos que estamos a favor de la limitación de los alquileres, sólo han buscado el apoyo de sus socios de Govern, de JxCat, del PDeCAT, de CDC, los que dieron apoyo a los desahucios exprés". Como la CUP, ha justificado su no porque "no estamos de acuerdo en la esencia, es un decreto vacío de contenido que hace cosquillas a los fondos buitres". En palabras de la diputada cupaire Maria Sirvent, "pone a la misma altura al inquilino y al propietario".

Según denuncian estas dos formaciones, el principal problema es que el decreto se base en el índice de referencia de precios del alquiler para fijar los topes. Un índice que consideran en sí mismo una burbuja y que dispara los precios por encima de donde realmente se tendrían que situar. Comunes y CUP han puesto de relieve que si un arrendatario hace el ejercicio de ir a la web que calcula el índice de referencia, a menudo le acaba saliendo que tendría que pagar más de lo que paga actualmente.

Por demasiado o por demasiado poco, lo cierto es que el Govern de la Generalitat no ha encontrado apoyos ni a una lado ni a otro, desde el Banco de España a la PAH, desde Cs a la CUP, todos se han opuesto al decreto para limitar el precio de los alquileres, que seguirán disparados mientras unos y otros no sean capaces de ponerse de acuerdo. La banca siempre gana. 

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