El pleno del Tribunal Constitucional (TC) de este martes debe resolver nuevos asuntos relacionados con la ley de amnistía. El primero es la petición del president en el exilio Carles Puigdemont y de los exconsellers también en el exilio, Toni Comín y Lluís Puig, para que de forma cautelar levante su orden de detención en el Estado español hasta que dicte una sentencia firme sobre su recurso de amparo. El Tribunal Supremo no les quiere aplicar la norma del olvido penal, en vigor desde el julio de 2024, y por ello les mantiene esta medida restrictiva, que no les permite regresar al país. El TC ya rechazó suspender esta medida de forma cautelarísima -sin escuchar a las partes- al no ver una urgencia o vulneración grave de derechos. Fuentes judiciales avanzan que seguramente el órgano de garantías mantendrá esta negativa, tal como le ha pedido la Fiscalía, hasta resolver el fondo sobre si se debe amnistiar su acusación de malversación del 1-O.
El Constitucional también debe resolver la consulta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) si ha de aplicar la amnistía a los republicanos Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natalàlia Garriga, y, por tanto, no juzgarlos como organizadores del 1-O. En su caso, el alto tribunal catalán también consultó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si la amnistía de la supuesta malversación del 1-O afectaba el derecho de la Unión. Por ahora, no hay fecha de la respuesta del TJUE a l'amnistía de los republicanos, ni en el caso de la consulta hecha por el Tribunal de Cuentas contra una cuarentena de cargos de los gobiernos de Artur Mas y Puigdemont; ambos incluidos.
Sin desacreditar al juez Llarena
La magistrada progresista Laura Díez es quien ha preparado la respuesta a la defensa del president Puigdemont, ejercida por Gonzalo Boye. El pleno también debatirá las ponencias de los magistrados conservadores Enrique Arnaldo y César Tolosa que, igualmente, se apunta que rechazarán suspender la orden de detención que pesa sobre los exconsellers Comín y Puig. Fuentes judiciales indican que el plenario del TC no quiere desacreditar al juez instructor Pablo Llarena, que sostiene -como toda la sala penal del Supremo- que no se puede aplicar la amnistía a los líderes políticos catalanes porque se habrían beneficiado por omisión porque no pusieron dinero de su bolsillo para financiar el Referéndum de Autodeterminación de Catalunya.
Boye solicitó el pasado noviembre al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión formuladas contra Puigdemont y Comín, y Jaume Alonso-Cuevillas, de Puig, y que esta suspensión se mantenga hasta que el Tribunal dicte una sentencia firme.
En su escrito, Boye hace referencia a las conclusiones del abogado general del TJUE sobre la Ley de Amnistía, que afirman que es plenamente compatible con el Derecho de la Unión. El penalista también recuerda al TC que ya declaró constitucional la ley de amnistía, añadiendo correcciones, como que los opositores al 1-O también debían ser amnistiados, tal como se ha hecho con los policías que vejaron a votantes. "La fase cautelar no puede convertirse en un instrumento para reabrir indirectamente un debate constitucional ya cerrado", subraya Boye en su escrito.
El caso de Dani Gallardo
En el caso de Jové y Salvadó, el TSJC ya admitió que se les podría aplicar la amnistía, siguiendo el razonamiento marcado por el Supremo -de obligado cumplimiento- que únicamente son los líderes políticos, y no los cargos intermedios, los que habrían sacado un rédito económico y personal con el 1-O.
La ponente de la resolución de los cargos de ERC es la magistrada María Luisa Balaguer, como también el recurso de la Audiencia de Madrid, que detuvo la amnistía de Dani Gallardo, condenado a 4 años de prisión por manifestarse contra la condena a los presos políticos catalanes, en 2019 en la capital española. El tribunal emitió una orden de busca y captura del activista, y en octubre de 2024 la detuvo a la espera de una respuesta a sus dudas sobre la amnistía planteadas al TC.