Diálogo, ley... y diálogo y más ley. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha repetido este mantra una y otra vez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre qué medidas tomaría el Ejecutivo para impedir el referéndum en Catalunya. "Es importante saber qué se puede hacer y qué no" respondía, sobre si la operación para precintar colegios estaba en marcha, o si tomaría el control de los Mossos d'Esquadra. De Vigo no ha concretado, pero ha afirmado que el PSOE esá "en la misma línea" del diálogo y la ley para hacer frente al reto independentista, preguntado por El Nacional.

La voluntad de sumar a los socialistas no es nueva. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría afirmó hace unas semanas que "el error" del Partido Popular a la hora de recoger firmas para tumbar el Estatut de Catalunya fue no coordinar una estrategia entonces. Eso encendió la batalla interna con el expresidente José María Aznar, quien recordó a Santamaría que el propio presidente Mariano Rajoy fue uno de los que trabajó para recurrirlo.

Los socialistas siempre han estado entre dos aguas en lo que respecta al proceso soberanista. Dudaron hasta el final cuando la votación en el Congreso para permitir que el exconseller de la Presidència, Francesc Homs, fuera juzgado en el Tribunal Supremo por el 9-N. Entonces decidieron sumarse a PP y Ciudadanos, pero después votaron a favor de derogar la ley popular que permitía al Tribunal Constitucional suspender a políticos.

Ahora es Cs quien invoca al frente constitucionalista y quiere que Ferraz también se sume a la causa, si Rajoy aplica medidas extremas en Catalunya. Lo hizo antes Santamaría en un pleno del Congreso, cuando exigió a Meritxell Batet (PSC), "sentido de Estado" en el objetivo.

Hasta que la situación no llegue, el Gobierno quiere diálogo, pero se niega a reconocer que no ha hecho avances con la Generalitat, como tampoco han concertado cita con el president Carles Puigdemont. "Tendrán que ser los ciudadanos españoles y los catalanes los que crean si es buena, o no, esta política, o si hay que venir a hablar de financiación, de tarjeta sanitaria...", se quejaba nuevamente porque el president catalán no participó en la reunión de presidentes autonómicos, ni tampoco quiere colaborar de los pactos de que allí se suscribieron.

Más allá de las evasivas, el Gobierno central sí tendría una hoja de ruta para imponer el "no habrá referéndum", según fuentes de la Moncloa divulgaron a lo largo de esta semana. El portavoz apela a la legalidad, cuestión que abre un amplio abanico de posibles. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional permite tomar el control de la policía catalana, algo de lo que no ha respondido. Tampoco ha dado pistas de las acciones del ministerio de Educación sobre precintar colegios, aunque él es el titular de esta cartera. "Sabe usted más que yo, que soy un humilde portavoz," explicaba cuándo algunos periodistas denunciaban las filtraciones de personas de la Moncloa afirmando lo que él ni niega, ni descarta.

La única negativa que ha dado el representante del ejecutivo ha sido sobre la Operación Pika. "El Gobierno no tiene nada que ver absolutamente con este caso. Todo proviene de una denuncia de una concejala de ERC. No hacemos comentarios sobre comentarios, hay que evitar poner presión sobre los jueces", zanjó.