El exdiputado de la CUP David Fernández ha lamentado que en dos años sólo se han aplicado un 7% de las medidas anticorrupción que la Oficina Antifraude aprobó en febrero del 2013 durante el gobierno de Artur Mas. Según el exdiputado, eso evidencia una clara falta de voluntad política para acabar con esta lacra social.

Fernández ha reiterado que hace falta contundencia judicial y penitenciaria. Así ha concluido su intervención en la comisión de estudio de las medidas de lucha contra la corrupción para la regeneración democrática del Parlament, en la que comparece como experto.

Según Fernández, los corruptos todavía campan con “impunidad” y “la tolerancia y la alfombra roja para los delitos de alta volada” todavía son generalizados, ha dicho en referencia a la reducción de penas de los condenados en los casos Pallerols, Millet, o Ferrocarrils.

Corrupción generalizada y pocos medios

Fernández ha argumentado que las prácticas corruptas están generalizadas y que “no podemos hablar ni de casos aislados, ni de manzanas podridas”. “No ha habido oasis en este país sino impunidad”, ha afirmado parafraseando al fiscal José María Mena.

El cupaire ha señalado que la filtración de los papeles de Panamá evidencia que hay una “auténtica industria del fraude fiscal que se organiza en despachos con la connivencia oficial”.

Por eso mismo, ha recordado que los recursos que se dedican a perseguir la corrupción son insuficientes: “Vamos con palillos”. El exdiputado ha apostado por dotar a los Mossos de una unidad operativa especializada en delitos económicos y financieros y por aplicar medidas drásticas contra la impunidad, tanto en fase judicial como penitenciaria.

La indignación popular, batalla ganada

Aunque la sociedad ha asumido que las corruptelas forman parte del día a día, el exdiputado ha celebrado que no se ha narcotizado y ha señalado que algunos casos, como el caso Innova, han contado con acusaciones populares. Sin embargo, en Catalunya hay actualmente 700 causas abiertas por delitos fiscales.

La contratación pública, terreno pantanoso

Por su parte, Gemma Calvetdirectora de la agencia de transparencia del Àrea Metropolitana de Barcelona, ha constatado que el ámbito de la contratación pública es de los más vulnerables a la corrupción. La también exdiputada ha citado un informe internacional que analiza ocho Estados europeos, también España, y que concluye que "los costes directos de la corrupción en proyectos relacionados con infraestructuras y gestión pública son de entre 1.400 y 2.200 millones de euros". 

Para revertir esta dinámica, Calvet apuesta por la coordinación entre las instituciones que, desde diferentes ámbitos, fiscalizan a los políticos y las instituciones. También ha puesto en valor la ley de transparencia catalana que, asegura, "es un referente internacional". Por último, ha defendido el trabajo hecho por esta comisión parlamentaria y ha hecho un llamamiento a "aprovechar este espacio para afrontar las reformas que hagan falta. Hace falta reducir la discrecionalidad y protocolizar el seguimiento de las denuncias y la rendición de cuentas, si hace falta, trimestralmente en el Parlament", ha concluido.      

Medidas preventivas y correctoras

El penalista Joan Queralt ha presentado 11 medidas de choque que "no cuestan dinero, sólo voluntad política". Por ejemplo, Queralt propone que haya inspectores de hacienda, tutelados por los jueces, que trabajen con una unidad de "policía forense económica". También la creación de unidades de investigación patrimonial o que los imputados en firme dimitan.