La CUP presentará al pleno de la semana que viene una moción que pide al Govern "fortalecer el sector público del país". Los anticapitalistas piden, entre otros, que el Ejecutivo catalán prohíba la participación en licitación de contratos, convenios y concesiones en todas las empresas que tengan en sus órganos de dirección o al consejo de administración personas que "se haya demostrado por vía judicial su participación en el pago ilegal de comisiones".
Asimismo, el texto pide establecer topes mínimos de sueldo como requisito adjunto a la presentación de ofertas, medidas para fomentar la igualdad de género y elaborar, en un plazo de tres meses, un estudio de gestión sobre el agua en todos los municipios de Catalunya.
Las medidas responden a la concepción de la CUP sobre la Administración que, según consideran, "en los últimos 30 años del autonomismo se ha convertido en una caja pagadora y subcontratando que ha generado una macroeconomía de contratistas, subcontratistas y comisionistas intermediarios", en palabras de la diputada Eulàlia Reguant.
Según considera la formación, raíz de este escenario "se está instaurando una nueva pobreza salarial con sueldos de miseria que rozan el salario mínimo interprofesional".