Lo reconozcan o no en público, la inmensa mayoría de actores políticos en Catalunya dan por hecho que la legislatura tiene las horas contadas. Ante la última decisión del Tribunal Supremo, que avala la retirada del escaño a Quim Torra, incluso la CUP constata que "esta última intromisión, inevitablemente nos llevará a la culminación de la duodécima legislatura". Por ello piden a JxCat y ERC "que dejen de lado los intereses partidistas, acuerden una respuesta a la altura del momento y hagan una propuesta" sobre "cómo acabar con dignidad esta legislatura".
Así lo ha verbalizado la diputada de la CUP, Maria Sirvent, que ha arrancado su intervención poniendo de relieve que "la complejidad del momento" hace necesario "resolver la situación hilando muy fino". Los anticapitalistas afirman ser "conscientes" de que "nos acercamos inevitablemente al final de la legislatura". Llegados a este punto, no quieren anticipar escenarios y prefieren, esta vez, no forzar a la desobediencia, porque "la solución no es clara". Sí que adelantan que es imprescindible pactar el desenlace final, que creen que debería estar marcado por "la defensa de la institución de la presidencia y la soberanía del Parlament y la denuncia de las irregularidades del aparato judicial".
Teniendo presente que "tarde o temprano llegará la sentencia firme", exigen de los socios de gobierno un cambio de actitud. Es decir, que aparquen "los intereses partidistas" para priorizar una respuesta anti-represiva conjunta.
El próximo lunes hay pleno en el Parlament. Será una nueva prueba de fuego para la institución. Torra, Torrent y la resta de miembros de la mesa volverán a verse contra las cuerdas si, como ya han avanzado, mantienen al president en su escaño de diputado. En paralelo, el PSC -que la semaba pasada se alineó con el independentismo y los comunes afirmando que la JEC no es competente y que Torra debe seguir en la presidencia hasta que no haya sentencia firme- ha pedido un nuevo informe a los letrados de la cámara. En su último dictamen, los servidios jurídicos del Parlament concluyeron que sólo el veredicto final del Supremo sobre el fondo de la cuestión -aún pendiente- podría apartar a Torra de su cargo.