"El franquismo todavía no se ha ido de nuestra casa". La prueba es, según la diputada de la CUP Mireia Boya, la consulta del sábado en Tortosa sobre el monumento franquista. De hecho, la cupaire ha asegurado que el Parlament ha perdido toda "legitimidad" con la celebración de esta consulta porque el consistorio "ha hecho lo que le ha dado la gana", haciendo caso omiso de la moción que el Parlament aprobó al mes de marzo y que reclamaba la retirada inmediata del monolito fascista que hay en medio del río Ebro sin consulta.
"¿Cómo podemos permitir que la autonomía municipal pase por encima del Parlament?", ha clamado durante el pleno de Parlament. Precisamente, estas palabras de la diputada de la CUP han tenido lugar en el marco del debate a la totalidad de la propuesta del PSC para presentar a la mesa del Congreso de los Diputados la proposición de ley de modificación de la ley de Memoria Histórica para reconocer el derecho de resarcimiento de los particulares afectados por la confiscación de papel moneda u otros signos fiduciarios por parte de las autoridades franquistas.
Un dinero confiscado al bando republicano, depositado en el Banco de España y que nunca volvieron a sus propietarios, los cuales sólo recibieron un recibo a cambio. Un justificante, que en la mayoría de los casos, se ha perdido después de tantos años.
Difícil aplicación
Todos los grupos han coincidido en la necesidad de abrir este debate sobre el dinero confiscado por el franquismo. Por eso, la propuesta ha superado el debate sin votación en no haber ninguna enmienda a la totalidad por parte de ningún grupo. No obstante, el único que puede hacer el Parlament en este caso es articular esta proposición de ley, que sólo tiene un artículo y elevarla a las cortes españolas, puesto que se tiene que modificar una ley estatal, la de Memoria Histórica del gobierno Zapatero.
En este sentido, incluso el diputado del PSC, que ha defendido la iniciativa, se ha mostrado reticente a que realmente se pueda trasladar a la realidad porque ahora dependerá básicamente del nuevo Gobierno español que salga de las elecciones del 26-J. Precisamente, la diputada de la CUP Mireia Boya ha asegurado que el Gobierno central y el Banco de España han justificado el rechazo a devolver el dinero alegando que las leyes franquistas no contemplan esta devolución: "Todavía están avalando leyes franquistas".