Externalización o gestión pública de los servicios. El debate vuelve a estar sobre la mesa, si es que nunca lo había dejado de estar, después de que la CUP hayan vuelto a arrancar una campaña contra la Ley de Contrato de Servicios a las Personas, la ya más conocida como Ley Aragonés, que continúa todavía en trámites parlamentarios. Los cupaires incluso animaron a participar esta semana en un ocupación del departamento de Traball de la Generalitat organizada por plataforma Aturem la Llei Aragonès, formada por varias entidades y sindicatos, y llaman a ir a una manifestación este fin de semana contra esta misma.

De hecho, hace meses que se quejan. Consideran que la ley es una "ofensiva privatizadora" y que lo que hace es poner una "cara amable a las privatizaciones" que puede acabar desembocando en nuevos contratos de gestión indirecta, según apuntan fuentes de los anticapitalistas en El Nacional. En este sentido, consideran que la mejor manera de garantizar unas condiciones laborales dignas, más transparencia en los servicios, así como la calidad de estos y asegurar que no haya lucro económico de las grandes empresas, es hacer una nueva ley que avance hacia la gestión directa, y no una regulación catalana sobre los contratos externos.

En cambio, desde la conselleria dirigida por el vicepresidente Pere Aragonès niegan rotundamente que la ley favorezca las privatizaciones y las grandes empresas y aseguran, de hecho, que es "todo lo contrario". Fuentes del departamento defienden que la ley que se está tramitando no fomenta la externalización, sino que pretende regular esmeradamente los casos en que un servicio se presta mediante contratos, sin entrar a determinar cuáles son los que se tienen que hacer de manera directa y cuáles de indirecta. En este sentido, explican que la nueva ley permitiría que la administración contrate no sólo ciñéndose al precio del servicio –que supondría un 40% de las condiciones–, sino también con criterios de calidad –que supondrían el 60% restantes–, cosa que consideran beneficioso.

Sea como sea, los cupaires aprovechan el debate sobre la Ley Aragonés para abrir un debate más amplio sobre las externalizaciones y creen que los que se necesita es una regulación que "blinde" la gestión pública de los servicios y que evite que las grandes empresas pueda hacer "negocio" con los servicios sociales. Sin embargo, ¿qué hace la CUP en los ayuntamientos donde gobierna?

Externalización en Verges, gestión pública en Ripollet

La respuesta es: depende, pero hay casos en los que también externaliza. Un ejemplo es el ayuntamiento de Verges, donde la CUP tiene mayoría absoluta desde 2015, y que tiene subcontratada la gestión del jardín de infancia del pueblo a la empresa Orio Serveis Educatius con sede en Banyoles. También el de Celrà, donde los cupaires gobiernan solos, ha externalizado el servicio de comedor de los jardines de infancia municipales. Un contrato que hasta ahora tenía la empresa Bo i sa servei d'àpats, también con sede en las comarcas gerundenses, y que ahora está pendiente de volver a adjudicarse por próximo año y siete meses. En este municipio también tienen mayoría desde 2015.

En el extremo opuesto, sin embargo, está el ayuntamiento de Ripollet, donde gobierna una candidatura independiente llamada Decidim que tiene el aval de la CUP. En este municipio del Vallès estaba externalizada la gestión de los jardines de infancia hasta este año. El consistorio, sin embargo, decidió municipalizar la gestión el año 2018 y este mismo curso ya ha entrado en vigor. Además, se ha comprometido a asumir durante el mandato actual la gestión del agua y la atención domiciliaria, que también están actualmente externalizadas.

También en otros ayuntamientos de la CUP, como Berga -dónde gobiernan con amplia mayoría- o Navàs -dónde hasta las elecciones 2015 tenían mayoría-, igual que Celrà o Ripollet, hay externalizados algunos servicios destinados a las personas, aunque muchos de ellos són se contratos menores para hacer cursos, talleres, servicios de restauración de recintos deportivos o servicios de teleasistencia, según se puede consultar en el portal de la transparencia. Además, los cupaires también forman o han formado parte en la anterior legislatura, de gobierno de varios municipios mayores, como Badalona, Argentona o La Bisbal d'Empordà, que también tienen decenas de servicios municipales externalizados.

Sobre este hecho, los anticapitalistas, en declaraciones ea El Nacional, defienden que los procesos de internalización son "difíciles de hacer", que comportan muchos "burocracia" y que tienes que "justificar" que el cambio de prestación de privado a público es económicamente y financieramente beneficioso para la administración. Sin embargo, aseguran que su política es "la gestión 100% pública de todos los servicios". Además, defienden que no se puede cambiar de un día por el otro: "lo que no puede hacer a la CUP es entrar en un ayuntamiento y hacerlo todo de golpe". "Es un problema sistémico, por eso pedimos una ley que facilite las internalizaciones y blinde la externalización, y un gobierno que lidere este procés para ayudar en una tarea que los ayuntamiento solamente no pueden hacer", añaden en este sentido.