Discrepancia en cómo afrontar las suspensiones del Tribunal Constitucional y crítica con la boca pequeña al Govern por no haber desplegado la ley sobre pobreza energética aprobada unánimemente por el Parlament en 2015. El diputado de la CUP Albert Botran ha asegurado que “el combate contra la pobreza hoy o de aquí unos días pasará por desobedecer al Tribunal Constitucional”.

La desobediencia apuntada por Botrán es “un adelanto” en lo que se tratará en “una cuestión de días”, y es que el Gobierno recorrerá la ley del 2015, después de que ha conseguido, a partir de un recurso al TC, que se tumben dos puntos del decreto de hace un año del ejecutivo catalán. La decisión del tribunal impide, alegando que no es competencia de la Generalitat, frenar los cortes de suministro de las compañías a las personas en situación de vulnerabilidad.

“Tenemos que saber qué implicará chocar con el Estado y desbordarlo”, ha remachado, anunciando la voluntad de su grupo de presentar una propuesta de resolución para que el pleno vote su despliegue, algo que ya se aprobó en el de la pobreza. El cupaire ha considerado que es una ley “muy potente”, “garantista” y, de hecho, tiene un rango más elevado que el decreto suspendido parcialmente.

Negando que las decisiones del TC afecten sólo a los independentistas, Botran ha defendido que se trata de un ataque contra “las necesidades más básicas”. Por eso ha emplazado a cualquier grupo de la cámara catalana a dar apoyo al texto que presentarán. “Es evidente que este tribunal no deja gobernarnos”, ha concluido, admitiendo que desobedecer en pobreza energética comportará “conflictos con grandes empresas”.

JxSí la descarta

“De momento no nos hemos planteado la desobediencia”, ha afirmado el diputado de Junts Pel Sí Roger Torrent, excusándose en qué todavía está la oportunidad de desarrollar el reglamento de la ley del 2015 sobre pobreza energética. “Sería anticiparnos”, ha remachado.

La concreción de esta ley tendría que estar hecha para aprobarse “en breve”, según ha adelantado el junter. De hecho, en el pleno sobre la pobreza el Parlament marcó la exigencia al Govern que estuviera antes del 6 de mayo. “Hay el compromiso”, ha apuntado.

En caso de una nueva suspensión del TC, Torrent ha insinuado que la vía que se plantean es encontrar otras fórmulas dentro de la legalidad española que permitan cumplir con los objetivos del decreto y de la ley, que es la de garantizar la luz, gas y agua a las personas en situación de pobreza.

Ciudadanos

La culpa es de las administraciones catalanas y españolas, y no del TC. Para el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, “la ley marco estatal es poco precisa y la catalana estaba al margen de las competencias” y, por lo tanto, dice que se ha tratado de un problema “de coordinación y lealtad” entre ambas instituciones.

Como el resto de la oposición esta mañana, Carrizosa ha criticado que el Govern no haya desarrollado el reglamento de la ley de pobreza energética, en vez del decreto. Además ha reivindicado que de un fondo de 5 millones que se destinó para combatirla, “sólo se destinaron el 22%” del total. “No sólo ha existido una mala técnica legislativa, sino una defectuosa gestión de los recursos”, ha asegurado.