La CUP propone crear una comisión de estudio al Parlament sobre la recentralización, las restricciones del autogobierno y las estrategias para "ejercer efectivamente el derecho a la autodeterminación". Es una de las recomendaciones de los anticapitalistas formuladas a sus conclusiones de la comisión de investigación sobre la aplicación del 155, donde también aconsejan que la comisión incluya en su informe la relación de entidades, instituciones o empresas que hayan "colaborado" de manera "activa" en la aplicación de este artículo de la Constitución. Finalmente, recomiendan a la cámara y al Govern "delante de nuevos escenarios, como la recentralización por el coronavirus, o futuros, en que se pueda restringir el autogobierno" que no se colabore y se opte por la desobediencia.

A las conclusiones, presentadas por el diputado Carles Riera, critican que el 155 fue "un claro caso de imposición de la razón de Estado por encima de la razón democrática". Consideran que la aplicación de este artículo se produjo "en un contexto de operación de Estado contra el independentismo", que creen que todavía continúa. También apuntan a las actuaciones "represivas" judiciales como una vulneración de derechos civiles y políticos.

Los anticapitalistas señalan que el Estado "ha traspasado los propios límites constitucionales y el alcance del artículo". Advierten que el Estado, para detener el ejercicio del derecho a la autodeterminación, ha generado una "excepcionalidad" para justificar un abuso de poder, una actuación recentralizadora y una intervención de la autonomía "que todavía perduran", haciendo "una lectura restrictiva" de la Constitución. También reprochan que, durante este periodo, el Estado "reorientó las políticas públicas catalanas de acuerdo con principios, objetivos y criterios impuestos que nunca habían disfrutado del correspondiente aval democrático a las urnas".

Los cupaires también culpan al Govern y a JxSí de convertir la declaración de independencia en un "acto político legítimo y democrático sin traducción jurídica efectiva por el contexto represivo y por la decisión de no sostener la confrontación política con el Estado para dar continuidad a la movilización". "Este escenario facilitó la aplicación del 155 y creó un contexto propicio para la represión posterior", creen los anticapitalistas, que ven el 155 todavía "incrustado en el ADN de la autonomía".

En las conclusiones, la CUP acusa altos cargos del Govern –entonces de JxSí- de ser "participantes necesarios de la represión y de la recentralización forzada" durante la aplicación del 155. "La nula reacción de algunos responsables políticos ayudó a hacer fácil la intervención total de la Generalitat, y su escaso convencimiento en la defensa del Estatuto y las instituciones ayudó a crear un clima de indefensión y autocensura que hoy perdura", opinan. E interrogan: ¿"Por qué altos cargos de JxSÍ siguieron en sus lugares, sirviendo directamente los ministerios del Estado? Alguien se planteó una estrategia de boicot al 155?". También cargan contra los Mossos d'Esquadra por la "participación, complicidad y celo del cuerpo en la aplicación del 155 y la represión contra el movimiento independentista".

La intervención del Estado tuvo "apoyos y complicidades entre las élites y oligarquías catalanas", según la CUP, que razona que se vio especialmente con las empresas vinculada al Ibex35 y la banca. Además, creen que la intervención del Estado comportó "una operación de purga política" que "pasó la misma naturaleza del 155" y "vulneró derechos fundamentales".