Hace días que la CUP decidió mutar y adoptar un cambio de actitud. Pasar de la crítica y el bloqueo permanente a la propuesta. El Debate de Política General ha sido el marco idóneo para ponerlo en práctica. Su portavoz, Carles Riera, ha discrepado del camino de "desorientación" por el cual transita el Govern de la Generalitat, pero ha acompañado el reproche con una mano tendida para "un acuerdo político no sólo entre independentistas": por la autodeterminación, la amnistía y la defensa de los derechos fundamentales.

Es decir, la CUP extiende la mano también a los comunes para que se añadan a esta alianza post sentencia. Una respuesta, sin embargo, que no compran que sea un gobierno de concentración, tal como plantea ERC. Para los anticapitalistas "la resolución del conflicto deberá ser forzada" y contemplar la "confrontación con el Estado". En este sentido, Riera ha señalado que una vez se conozca el veredicto del Tribunal Supremo, será necesario que "el Govern asuma una proclamación republicana con todas las consecuencias" y que lo haga contando con el apoyo de todos los actores políticos y sociales del país. Todo con el objetivo de encontrar una "solución democrática con o sin acuerdo con el Estado". 

Los anticapitalistas detectan "desorientación" y lamentan que los socios de Govern estén "instalados en la perpetuación del estado autonómico" con propuestas "vacías y partidistas". Riera lo ha verbalizado con una pregunta: "Quién manda en Catalunya, la Guardia Civil o las instituciones catalanas"?. En este sentido llaman a abrir los ojos, para darse cuenta de que el referéndum no acabará cayendo como por arte de magia, este camino no lleva a ningún sitio, es una vía perdida".

La receta de la CUP plantea la desobediencia civil como la herramienta que "tiene que forzar la desobediencia institucional". Y todo, acompañado de un imprescindible "despliegue de acción internacional", para ganar así alianzas en el exterior que ayuden a apretar el Estado.

La literalidad de la propuesta

La propuesta de resolución que llevarán este jueves a votación, yq ue esperan que cuente con el apoyo del resto de partidos independentistas y de los comunes, afirma la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional, como instrumento en defensa de los derechos civiles, políticos y socialies que puedan ser lesionados". 

La que habla específicamente de amnistía explicita que debe servir para anular todas las causas judiciales impulsadas contra personas que hayan sido procesadas, juzgadas detenidas o encarceladas por defender derechos políticos, socialies o civiles, desde el derecho a la autodeterminación hasta el derecho de huelga, en el marco de una legislación de excepción contra los derechos civiles y políticos como la ley mordaza, la ley antiterrorista o cualquier otro dispositivo jurídico que haya recortado derechos civiles y políticos". 

Pero no se queda ahí. Además, expresa que la amnistía "deberá prever necesariamente medidas en relación a todos los responsables de la represión de derechos fundamentales en lo que se refiere a todos los responsables de la represión".  

El tirón de orejas

En paralelo a la propuesta, Riera ha repasado todo aquello en lo que su partido considera que el Govern de JxCat y ERC se equivoca. Al frente de la lista, los Mossos, según ha denunciado, "al servicio de la represión".

La CUP se queja de que el ejecutivo "no avanza ni en el ámbito nacional ni en el social". Sobre este último apartado, subrayan la necesidad de un "replanteamiento prácticamente total de las prioridades presupuestarias, migratorias y ambientales, orientado a combatir a fondo los privilegios y las desigualdades".