Exhibiendo unas papeletas del referéndum del 1 de octubre –detrás de una hilera de policías nacionales– esperaba una multitud de diputados soberanistas e independentistas del Congreso a los líderes de las asociaciones ANC y Òmnium, además de al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, que este viernes declaraban ante la Audiencia Nacional acusados de delito de sedición. Los agentes no dejaban a los representantes de ERC, en Común, PDeCAT, PNV, Bildu cruzar los diez metros que los separaban del edificio, como tampoco a los periodistas, pero los aplausos estallaban de forma unánime cuando aparecían en escena Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, rodeados de sus abogados.
"Lamentamos profundamente esta situación y venimos a denunciarlo, siempre bajo el clamor de que somos un solo pueblo", exponía la republicana Teresa Jordà, quien recordaba el día de los hechos que había llevado a Sànchez i Cuixart hasta Madrid. "El día de las detenciones de personas del Govern honradas y honestas se congregaron muchas personas ante las sedes de los departamentos y ellos hicieron un llamamiento a la movilización permanente", explicaba, antes de recordar que ambos habían sido los artífices "de las movilizaciones más pacíficas de la Europa del s.XXI", recordaba para justificar sus formas.
Se sumaba a la declaración el demócrata Carles Campuzano, que tachaba aquel día de "negra jornada de la historia de España" donde "miles de ciudadanos se manifestaron de forma cívica y pacífica", indicaba. Campuzano denunciaba también que no hubieran podido acompañar a los líderes de las asociaciones civiles hasta la puerta del juzgado, como es habitual en la capital del Estado cada vez que un dirigente soberanista es llamado por la Justicia –como antes lo fueron el exlíder del PDeCAT en Madrid, Francesc Homs, o las exconselleres Irene Rigau y Joana Ortega, e incluso, el expresidente Artur Mas.
Desde de En Comú Podem, Marcelo Expósito abordaba el conflicto desde otra dimensión y aclaraba que no estaba aquí "en apoyo de un delito", sino "para defender el ejercicio de derechos fundamentales que están amparados al ordenamiento" recordaba. "Son las libertades de opinión, expresión y manifestación y es un disparate político que por estos motivos estén compareciendo por una acusación de sedición", lamentaba después de cargar contra el "grado de enconamiento" a que habría llevado el ejecutivo del Partido Popular, "el primer responsable de la situación", señalaba.
Cerraba el elenco de declaraciones EH Bildu, quien tachaba al ejecutivo de Mariano Rajoy de "gobierno neofraguista". "Esperamos que estas personas puedan volver a Catalunya de forma cívica y pacífica", decía Jon Iñarritu. Eso, mientras en la otra punta de la plaza una pequeña munión de personas se reunía bajo al grito de "no nos engañan, Catalunya es España!". Y todo ello, ante la mirada de otros diputados y senadores como Lourdes Ciuró, Míriam Nogueras, Jordi Xuclà, Josep Lluís Cleries (PDeCAT), Ana Surra, Esther Capella, Jordi Salvador, Bernat Picornell, Quim Ayats (ERC), i el delegado del Govern en Madrid, Ferran Mascarell.