Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, pide suspender la causa del 1-O hasta que no pueda acceder al sumario entero. Lo pide en el escrito de conclusiones que ha presentado hoy su equipo de abogados.

Los abogados alegan vulneración del derecho de defensa y a un procedimiento justo, ya que todavía no han podido acceder a la causa completa tal como marca la ley. Los letrados aseguran que han tenido muchos obstáculos para acceder virtualmente al procedimiento: problemas de acceso a la nube virtual creada para los letrados, carpetas vacías de contenido, falta de documentación, diferencias entre el material subido a la nube del tribunal y la de los letrados o tener que bajar uno por uno archivos muy pesados (140.000 archivos, que equivalen a 280 GB de información), entre otros. De hecho, el equipo de Marina Roig presentó un acta notarial al Tribunal Supremo hace días con todo lo que faltaba del sumario.

Cuando se cerró la instrucción el pasado mes de julio, la defensa de Cuixart ya alegó que no se le había dado copia de buena parte de la causa y los problemas se han repetido en este trámite. Según el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, "estamos ante una instrucción sesgada, claramente incriminatoria, y en que se vulneran los derechos de defensa y a un procedimiento justo".

Además, en el escrito de conclusiones, los abogados de Cuixart piden la revocación del auto de procesamiento del 21 de marzo del 2018; la nulidad del auto de conclusión del sumario porque se deniegan diligencias de investigación solicitadas por la defensa de Cuixart y de otras defensas; la nulidad del auto, dado que el juez instructor no ha contestado algunas de las peticiones de las defensas, y la revocación del auto de conclusión del sumario porque la defensa considera necesario practicar más diligencias de investigación, que ya se han solicitado.

Entre otras cosas, la defensa de Cuixart pide completar la causa con documentación proveniente del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, testigo de resoluciones del juzgado número 7 sobre los hechos del 1-O, y también incluir como pruebas del presunto delito las urnas, las papeletas y documentación electoral que se intervino.