Varias agrupaciones de guardias civiles han reaccionado con declaraciones de tono apocalíptico, contra el traspaso del control de Tráfico a Navarra el próximo 1 de julio. La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles hablan de "expulsión". La JUCIL ha expresado su "dolor" por "la decisión política de expulsar a la Guardia Civil de Tráfico de las carreteras navarras, hecho que se perpetrará definitivamente el 1 de julio". "Los 220 compañeros del departamento de Tráfico de Navarra son víctimas de un tejemaneje político que no solo los afecta a ellos en el trabajo, también provoca daños muy graves a la vida de sus familias, que se pueden ver obligadas a abandonar Navarra", ha afirmado el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño.

En realidad, sin embargo, el gobierno navarro ha anunciado que los guardias civiles que se quieran incorporar a la policía foral de Tráfico lo podrán hacer, y la presidenta, María Chivite (PSN-PSOE), ha precisado que la ley foral de policías del 2018 contempla esta vía. Este mismo modelo es el que se acordó en Catalunya, cuando recibió el traspaso de Tráfico en 1998, y un grupo de guardias civiles se incorporó a los Mossos. Chivite ha aprovechado el pleno de que este jueves se celebra el Parlamento navarro para afirmar que es "un gran día para Navarra". Chivite ha recordado que se trata de "una demanda histórica" de la Comunidad Foral y por lo tanto ha considerado que el acuerdo cerrado con el Gobierno español es "un paso histórico". El preacuerdo conseguido entre el gobierno de España y el Ejecutivo foral comporta la desaparición de la Unidad de Tráfico de la Guardia Civil.

Vilariño, sin embargo, no ha tenido en cuenta las previsiones para incorporarse a la Policía Foral. "María Chivite ha dicho que poner fecha a la expulsión de 220 familias de Navarra es para ella un gran día", sostiene, y añade que "a JUCIL esta alegría le recuerda las infames expulsiones de judíos y moriscos de la península Ibérica de los reinados de los Austrias". En esta línea, ha añadido que "este hecho es propio de estados totalitarios, como la Unión Soviética bajo la tiranía de Stalin". "Lo que pasa en Navarra recuerda aquella tiranía", ha soltado. Vilariño ha apuntado que los servicios jurídicos de la asociación estarán a disposición de los compañeros que lo soliciten "para asegurar que puedan continuar con su trabajo y con sus vidas en el lugar que han escogido".

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha afirmado que con el traspaso de la competencia "se consuma la humillación, un despropósito del que siempre resultan perjudicados los componentes del cuerpo". Después de preguntarse "qué pasará ahora con los guardias civiles de tráfico y sus familias", sostiene que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "todavía no ha aclarado cuál será el futuro de los agentes destinados allí", y le han pedido "explicaciones urgentes". Según su opinión, "Marlaska ha utilizado a los guardias civiles como en moneda de cambio; no solo no informan previamente a los compañeros ofendidos en Navarra, sino que el Ejecutivo tampoco escucha ni convoca ninguna reunión para conocer las reivindicaciones y necesidades de los agentes".

En la fotografía principal, la presidenta de Navarra, María Chivite, recibe felicitaciones después del acuerdo del traspaso de Tráfico. Foto: EFE