Francisco Correa, considerado el jefe del entramado Gürtel, negocia un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en el cual reconoce que habría ayudado a financiar de manera irregular las campañas electorales del PP valenciano para las elecciones municipales y autonómicas del 2007 y generales del 2008. A través de un escrito en la Audiencia Nacional, publicado por el periódico digital El Plural, Francisco Correa admite que los hechos que describe la Fiscalía Anticorrupción en la acusación son ciertos y que el PP valenciano le habría abonado algunos servicios con pagos en negro y facturas ficticias. A través de este escrito, Correa busca un acuerdo con el fin de reducir la condena después de que la Fiscalía pida para él 24 años y medio de prisión.

En el escrito, enviado en el juzgado central penal de la Audiencia Nacional con fecha del lunes 8 de enero, Francisco Correa señala que la empresa Orange Market, filial valenciana de Gürtel, se creó "porque dejamos de trabajar para el PP en la sede de Génova de Madrid". Asimismo, indica que Álvaro Pérez el Bigotes se puso en contacto con el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, "quien le propuso organizar acontecimientos con el PP de València".

El texto reconoce el que se afirma al escrito de acusación en relación con la creación de Orange Market y que fue el empresario José Ramón Blanco Balín quien se ocupó de la contabilidad y la fiscalidad de la empresa, "entendiendo que la ocultación de los ingresos y la creación de facturas ficticias de gastos las realizaría él o alguna persona a su cargo". En este sentido, señala que Correa "nunca se ocupó de las declaraciones tributarias".

Correa reconoce pagos en B y facturas ficticias

"Es cierto que el pago de los servicios profesionales que se prestaron al PP de València en campañas electorales y otros acontecimientos se abonaron en Orange Market de tres maneras: mediante facturas correctas, con pagos en B y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a diferentes empresarios por|para trabajos no realizados", reconoce el jefe de la 'Gürtel' a su escrito.

Al respecto, indica que no conoce los detalles de las operaciones pero que tiene conocimiento que se pagaba de esta manera. Correa apunta que su socio en València, Álvaro Pérez, se dedicaba a captar los acontecimientos y a llevarlos a cabo, que Pablo Crespo era quien los supervisaba desde Madrid con Cándido Herrero, que también era responsable de los pagos a proveedores y nóminas.

La confesión de Correa sigue indicando que "el dinero B de València se trasladaba a Madrid, existía una caja B que controlaba yo. A través de esta fue como Álvaro Pérez cobró durante un tiempo en 'B' hasta que se solucionaron sus problemas fiscales".

Asimismo, el jefe de las empresas reconoce que ante la sospecha de investigación pidió que uno de sus empleados trasladara las carpetas con documentación a un piso alquilado en la calle General Martínez de Campos de Madrid, que fue intervenido. Correa admite incluso que tenía dos teléfonos móviles a nombre de Antonio Herrero, quien le ofrecía un 60% de descuento en las tarifas a cambio de abonos de fútbol en el estadio Vicente Calderón.

Fuentes jurídicas han informado de que el escrito no cuenta pero con todos los requisitos formales para ser aceptado pero que será estudiado por la Fiscalía una vez sean enmendadas estas deficiencias.

Otros empresarios investigados ya han llegado a un acuerdo con la Fiscalía en el cual reconocen la financiación irregular a cambio de condenas inferiores a los dos años, evitando así el ingreso en prisión. Entre ellos, hay Vicente Cotino (sobrino del expresidente de las Corts Valencianes y exdirector general de la policía Juan Cotino), Enrique Ortíz o Alejandro Pons.

Segundo juicio de la Gürtel valenciana

El juicio por esta pieza separada del caso Gürtel, el segundo después del 'caso de los trajes' de Francisco Camps, empieza el lunes en la Audiencia Nacional con 19 acusados. La Fiscalía solicita 7 años y nueve meses de prisión para el exvicepresidente de la Generalitat Valenciana Vicente Rambla y el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa, por presunto delito electoral y falsedad documental. Asimismo, el exvicesecretario del PPCV David Serra y el exgerente Cristina Ibañez también se enfrentan a las mismas acusaciones y peticiones de condena de 7 años y 9 meses de prisión.

La Fiscalía solicita 24 años y medio para Francisco Correa y Pablo Crespo, y 27 años para el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, responsables de las empresas de la trama Gürtel que habrían financiado irregularmente las campañas.