El coronavirus se expande no sólo entre la ciudadanía, sino también en las instituciones. Tanto, que alterará el calendario político de alta intensidad que se preveía para este final de invierno e inicio de la primavera en Catalunya. La próxima semana, el día 18 de marzo, tenían que aprobarse definitivamente los presupuestos del gobierno Torra-Aragonès. Al día siguiente, el president de la Generalitat preveía anunciar la fecha de elecciones catalanas. Finalmente, sin embargo, no será así. Hay dos factores que influyen.

El primero, que la mesa del Parlament se encuentra reunida a esta hora para decidir si aplaza la sesión plenaria prevista como medida preventiva para el coronavirus. Pero es que al margen de qué decisión se adopte, las cuentas ya no podrán ver la luz, como mínimo hasta dentro de un mes. Y es que Ciutadans ha anunciado que pedirá al Consejo de Garantías Estatutarias que los revise antes. El informe del CGE suele tardar un mes. Sería después de este plazo que podría celebrarse finalmente la votación. Y hasta que no se validen, el president de la Generalitat no comunicará para qué día convoca elecciones adelantadas a Catalunya.

Llevar los presupuestos al CGE es un trámite previsto por ley según el cual, si un grupo con suficiente representación lo solicita, este órgano debe analizar si los presupuestos encajan dentro de la Constitución y el Estatuto. En el caso de los de 2017, que preveían una partida "oculta" para hacer el referéndum, tenía su explicación que los partidos constitucionalistas pidieran un informe en el Consejo de Garantías. Lo más sorprendente, ahora, es el argumento esgrimido por los de Arrimadas.

En un comunicado aseguran que tienen "el convencimiento de que estos presupuestos se quedarán en papel mojado, ya que las previsiones iniciales no se cumplirán" porque "el escenario económico y social ha cambiado por completo" a raíz de la "crisis sanitaria del Covid-19". El partido naranja defiende que hay que rehacer los números para "tener entre las prioridades aumentar el material hospitalario, la puesta en marcha de un protocolo de actuación para las farmacias y medidas de apoyo a los pequeños comerciantes". Cs acaba argumentando que "los presupuestos no son útiles para hacer frente a esta pandemia". Eso sí, en ningún sitio dice por qué motivo podrían ser inconstitucionales.