Los portavoces de ERC en el Congreso de los Diputados y en el Senado han enviado una carta a la Fiscalía General del Estado para pedirle que investigue de oficio las "presiones del Supremo a las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas" durante su deliberación sobre si permitir a los presos con 100.2 pasar el confinamiento por el coronavirus en casa.
En la carta, dirigida a la fiscal general, la exministra Dolores Delgado, los republicanos Gabriel Rufián y Mirella Cortés afirman que es "inaudito e impropio" de un estado de derecho que el Supremo "haya intentado condicionar la decisión de que tenían que tomar a los funcionarios de los centros penitenciarios". Los republicanos piden en la Fiscalía General del Estado que "actúe de oficio" para "poner fin a la impunidad".
A la carta, Rufían y Cortés recuerdan que la oficina de comunicación del Supremo envió un mensaje a los periodistas advirtiendo que si las juntas de tratamiento de los presos del procés acordaban su liberación por la covid-19, el tribunal se dirigiría para que "explicaran el fundamento jurídico de la decisión e identificaran de forma nominal a los funcionarios que daban apoyo" porque podrían ser responsables de uno "posible delito de prevaricación".
"Desde nuestro punto de vista, se ha intentado condicionar la decisión que tenían que tomar los funcionarios de los centros penitenciarios catalanes. Es inaudito e impropio de un estado de derecho", afirman Rufián y Cortés.
En la misiva, los dos republicanos también recuerdan que la emergencia sanitaria ha hecho que las autoridades hayan promovido medidas para reducir al mínimo la población de las prisiones para limitar el riesgo de contagio, y que ha habido pronunciamientos a favor de esta línea de las Naciones Unidas y del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa.