El informe de la Guardia Civil sobre el 8-M por el cual se imputa al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y tras el que estaría el fulminante cese de Diego Pérez de los Cobos es un batiburrillo de errores de bulto, noticias tergiversadas y bulos ya desmentidos, según el análisis que del documento hace hoy eldiario.es.

Este atestado, avanzado por eldiario.es y al que ha tenido acceso ElNacional.cat, elaborado en la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, trata de demostrar un presunto delito de prevaricación administrativa en la autorización de las manifestaciones celebradas el pasado 8 de marzo, en ocasión del día internacional de la Mujer en el supuesto que entonces ya se tenía conocimiento de que podría suponer un foco de contagio de coronavirus y ha sido clave para la imputación de Franco, que deberá declarar el próximo 5 de junio.

Segun el citado medio, el documento al que ha tenido acceso está plagado de errores garrafales, noticias tergiversadas, clamorosas omisiones y bulos ya desmentidos, además de algún salto al vacío a lo largo de sus 81 páginas. Así, por ejemplo, se da por hecho que el gobierno español conocía con antelación la gravedad del coronavirus a partir de interpretaciones periodísticas publicadas por OK Diario.

Declaraciones tergiversadas

También se da pie a esa misma interpretación sobre el conocimiento previo de la gravedad del coronavirus a partir de declaraciones de Fernando Simón reproducidas en Redacción Médica, que según eldiario.es fueron tergiversadas, de manera que se invierte su sentido.

También se cita un video anexo al informe, emitido por la Cope, donde se aseguraba que las ministras que participaron en la manifestación del 8-M en Madrid llevaban guantes para protegerse de contagios, cuando el portar guantes de color violeta es habitual en estas manifestaciones y así se puede acreditar mediante imágenes de años anteriores.

Así mismo, se insiste, a partir de noticias publicadas por OK Diario, de la diferencia de trato entre la manifestación del 8-M y un congreso evangélico que fue suspendido como medida de prevención, ocultando, quizás deliberadamente, que en el encuentro religioso se preveía la presencia de asistentes provenientes de zonas del mundo donde ya se había constatado la presencia del coronavirus. Es decir, un supuesto muy parecido al que llevo a la suspensión del Mobile World Congress en Barcelona y que no era de aplicación a las marchas del 8-M.

Así, el informe trata de contrastar la suspensión del congreso evangélico con la permisividad sobre el 8-M añadiendo que en el encuentro religioso se preveía la asistencia de unas 5.000 personas mientras que el 8-M en Madrid podría llegar a reunir hasta 1 millón, aunque finalmente, acudieron 120.000 personas -según las cifras del Gobierno-, entre ellas la vicepresidenta primera, Carmen Calvo y varias ministras e incluso la esposa del presidente.

Por todo ello, la última frase del informe señala: "Todas estas circunstancias revelan a la instrucción que a partir del 5 de marzo de 2020 no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria de la Covid-19, y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo", una conclusión que ha sido crucial para la imputación de Franco pese a no estar debidamente acreditada.

Errores clamorosos

Además, el informe incluye algunos errores clamorosos, como fechar el 30 de enero el informe de la OMS sobre la declaración de pandemia que en realidad tuvo lugar el 11 de marzo, confundiéndolo con un informe previo de declaración de emergencia sanitaria internacional.

Algo más destaca del informe de la policía militarizada, como el uso de noticias publicadas por la derecha mediática y unas conclusiones muy en la línea editorial de esos medios, algo que se puede interpretar como una voluntad previa de socavar la gestión del Gobierno.