El Govern se prepara para gestionar un elevado número de víctimas a causa del coronavirus. Aparte de plantear la declaración de los servicios funerarios como "servicios de prestación forzosa" y de limitar el precio de los entierros, el decreto aprobado esta mañana en una reunión extraordinaria del ejecutivo catalán contempla habilitar a Salut Pública para tomar decisiones sobre ubicación y transporte de cadáveres.

A partir de este decreto, la Secretaría de Salut Pública podrá ejercer la coordinación de las competencias sobre servicios funerarios en todo el territorio, podrá imponer obligaciones adicionales de carácter excepcional y transitorio a las entidades responsables de estos servicios y adoptar requisas o expropiaciones urgentes.

En concreto, el decreto habilita a Salut Pública para clasificar los cadáveres en grupos, según la causa de defunción; el transporte urgente de cadáveres al cementerio de la localidad o a otros próximos para la inhumación o incineración inmediatas; el transporte de cadáveres mediante cualquier medio adecuado; la prohibición de velatorios o ceremonias de despedida que puedan comportar aglomeraciones de personas; restricciones en el acompañamiento de cadáveres; habilitación de espacios al margen de las salas de velatorio y cementerios con condiciones higiénicas y sanitarias; la prohibición de realizar prácticas sobre cadáveres; la autorización de inhumaciones fuera de cementerios, y la adopción de "todas aquellas medidas adicionales que sean necesarias para garantizar la salud pública y la de todas las personas, familiares o prestadoras de servicios afectadas".

El crecimiento del número de cadáveres es uno de los problemas a los que ha tenido que dar respuesta la ciudad de Madrid, que desde hace tres días centraliza en el Palacio de Hielo la acogida de cadáveres de las víctimas del Covid-19. El día antes, la funeraria municipal de Madrid había anunciado que no recogería más cadáveres de afectados por el coronavirus por falta de material para proteger a sus trabajadores.

Prestación forzosa

El acuerdo del Govern incluye una disposición adicional a la ley de servicios funerarios para garantizar que durante la situación grave de emergencia sanitaria la autoridad competente pueda declarar este servicio como de "prestación forzosa".

Esta disposición tiene que permitir garantizar la prestación de este servicio de manera continuada y universal y al mismo tiempo reducir riesgos de contagio.

Tal como ha señalado la consellera de Presidència, Meritxell Budó, durante la rueda de prensa, aunque no hay constancia de que se pueda producir infección a través de los cadáveres de víctimas del Covid-19, se ha establecido medidas que permitan agilizar el tiempo de este proceso y hacerlo estableciendo protocoles de tratamiento y traslado de los cadáveres afectados por coronavirus.

Según el acuerdo del Govern de hoy, Salut podrá asignar a cada hospital, centro residencial o espacios medicalizados una empresa funeraria para la prestación del servicio. Por lo que respecta al precio, quedará fijado un precio máximo del servicio que incluya la prestación básica impuesta legalmente. Si los usuarios quieren un servicio superior, se tendrá que acordar el precio.

El Govern contempla que se podrá optar entre entierro o incineración, aunque en caso de que no haya bastante disponibilidad se hará una inhumación provisional y, más adelante, la posterior exhumación e incineración. Asimismo, "en caso de imposibilidad de entierro por falta de espacio en los cementerios, se podrá optar por la incineración, a menos que haga falta autorización judicial". "Se respetará, siempre que sea posible, la pluralidad de convicciones religiosas, filosóficas o culturales", concluye.

Ante esta situación que impide la despedida de amigos y familiares, el Govern contempla también el establecimiento de mecanismos de asistencia psicológica y acompañamiento para el luto.