Corinna Larsen ha modificado la demanda que en 2020 presentó contra el rey emérito español, Juan Carlos I, con voluntad de conseguir su principal objetivo: conservar de manera íntegra los 64,8 millones de euros que el monarca español decidió regalarle el año 2012. El movimiento que ha hecho la examante del padre de Felipe VI ha sido eliminar de esta demanda cualquier referencia al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Larsen sostenía hasta ahora que Juan Carlos I había estado acosándola y persiguiéndola, y eso implicaba el CNI.
En la demanda de 20 páginas que Larsen había presentado en Londres en diciembre de 2020 se insistía en que desde el año 2012 el CNI había realizado un seguimiento que habría llegado hasta el acoso a ella y su entorno. Al frente del CNI estaba Félix Sanz; y eso implicaba que el estado español también estuviera implicado en esta denuncia, por mucho que desde el Gobierno siempre se haya insistido en que este es un caso privado del padre de Felipe VI. Larsen, pues, pedía una orden de alejamiento para Juan Carlos I, que desde hace más de dos años reside en Abu Dabi.
En aquella demanda, Larsen responsabilizaba al rey emérito del "seguimiento abierto y encubierto" que supuestamente le habrían realizado agentes del CNI en Londres y en Montecarlo, dos lugares en los cuales ella residía. De todos modos, El Mundo ha tenido acceso a la nueva versión de la demanda, que ha sido modificada por la examante del rey emérito, y la parte del CNI ha sido borrada. Eran partes en las cuales se aseguraba que había sido sometida a seguimientos porque "representaba un riesgo para la seguridad, era una representante de Rusia" y estaba intentando "hacer chantaje a la Familia Real".
Hoy por hoy, pues, la denuncia se centra en Juan Carlos I y Félix Sanz Roldán. Este segundo sigue apareciendo porque se puede sostener que él habría participado en el supuesto acoso no como director del CNI, sino como amigo personal del monarca español. El caso es que la idea de Larsen es intentar demostrar que Juan Carlos I actuó como ciudadano, y no como jefe de Estado; una cuestión que tiene relación en si el rey emérito tiene que conservar o no la inmunidad en este caso.
Larsen también pide que haya una compensación por daños y perjuicios; una cantidad que no se ha justificado, pero que coincidiría con la suma de dinero a la cual tendría que renunciar la mediadora si se le aplica la legislación española sobre el dinero que recibió en 2012. Según su versión, su negativa de devolver los fondos a Juan Carlos I habría sido el motivo por el cual se inició una campaña de acoso contra ella.