El president en el exilio, Carles Puigdemont, ha respondido con contundencia al programa de la radio pública RNE que han hecho burla de la lengua catalana, precisamente en el mismo momento en que el Tribunal Supremo ha impuesto un 25% de español en las aulas impugnando el modelo de escuela catalana.

"Se ríen de una lengua minorizada por el efecto de sus persecuciones durante siglos, justo al día siguiente de que los catalanohablantes hayamos sido humillados otra vez por la justicia española. Lo hacen desde la radio pública, pagada con el espolio fiscal de los catalanes. Asco", ha indicado.

Puigdemont ha adjuntado el vídeo donde hacen burla del catalán, citando un tuit de su jefe de oficina, Josep Lluís Alay, donde este ironiza que las risotadas son la muestra de "el amor de España" hacia los catalanes.

En el gag los protagonistas del programa ridiculizan la lengua y los ciudadanos del país con chistes llenos de estereotipos. Sólo faltó uno 'caca, pedo, culo, pis'. "Que hagan un 'Succession' (con acento inglés macarrónico, pero de eso no ríen) de los Pujol. Ahhhh 'sucessió, sucessió'. Y 'Stranger Things' será 'Coses Estranyes'. Y el 'Juego del Calamar' el 'Joc del Calamar'. I 'Valeria' será igual pero sin tapas en los bares, porque en Catalunya ¡no ponéis tapas!".

La doble jugada de Sánchez

 

Todo eso sucede cuando, por una parte, el Gobierno español se lava las manos y asegura que no solicitará la ejecución de la sentencia que ataca la inmersión lingüística y obliga a un 25% de las clases en castellano. Por otra parte, sin embargo, el mismo Estado señala el camino a la Generalitat: la sentencia es firme y se tiene que cumplir. En estos términos se ha pronunciado, este jueves, la ministra de Educación, Pilar Alegría, desde el Congreso de los Diputados. Todo ello aunque la sentencia tenía que ver con una ley educativa, la Ley Wert, que ya no está en vigor, después de que fuera sustituida por la Ley Celaá.

En una breve atención a los medios en los pasillos del Congreso, la ministra de Educación no se ha extendido mucho, asegurando que ya dará "todas las explicaciones" en el lugar oportuno, pero sí ha sido clara en un aspecto: "Ante una cuestión como esta, ante una sentencia firme, no hay debate. Es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública". I Pilar Alegría ha insistido en esta idea: "Sea la Generalitat o cualquier ciudadano, todos estamos obligados al cumplimiento de las sentencias firmes".

En los mismos términos se pronunció este miércoles la ministra de Justicia, Pilar Llop, que indicó a la Generalitat que la resolución "se tiene que ejecutar porque es firme", en declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3. "Los procedimientos de ejecución tienen sus fases, hay que esperar a ver cómo se van resolviendo; la resolución del Supremo ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y ahora hay que ejecutar esta sentencia, porque es firme, y corresponde al mismo órgano sentenciador darle el impulso", justificó a la titular de Justicia. Mientras tanto, la oposición apuesta incluso por un "155 educativo", como señalaron ayer Pablo Casado e Inés Arrimadas.