El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha respondido con contundencia a la decisión del juez Pablo Llarena de pedir al juez de Sassari (Cerdeña) que el próximo lunes entregue al president en el exilio a España. "Déjalo ya...", ha soltado Boye, convencido de que el lunes la justicia italiana dejará a Puigdemont en libertad.
Llarena ha enviado este jueves un oficio al tribunal italiano donde afirma que la euroorden contra Carles Puigdemont continúa vigente y que no ha sido suspendida por el planteamiento de la cuestión prejudicial ante la Justicia europea. Llarena ha enviado toda la información complementaria a Eurojust para aclarar el estado de la causa y reclamar la entrega del president a la justicia española.
Llarena defiende que la euroorden es vigente, que nunca la revocó y que fue la Abogacía del Estado quien provocó la confusión, al decir que no había euroórdenes vigentes. Responsabiliza así al órgano judicial que representa al Gobierno en la causa.
En el documento, el juez instructor de la causa del procés amplía la información relativa al expediente de solicitud de entrega del president, subrayando que Puigdemont no tiene actualmente inmunidad parlamentaria, además de que la euroorden sigue vigente y que no ha quedado suspendida por el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El escrito concluye solicitando a la autoridad judicial italiana la entrega inmediata de Puigdemont a la jurisdicción española, con el fin de poder continuar la tramitación del procedimiento.
Además, en caso de que Puigdemont volviera a reclamar ante el TJUE la recuperación cautelar de la inmunidad, y suponiendo que le fuera concedida, el juez solicita a la autoridad judicial italiana que suspenda la tramitación del proceso de entrega ahora iniciado, pero "adoptando las medidas precisas para garantizar que se sigan dando las condiciones materiales necesarias para una entrega efectiva cuando Carles Puigdemont haya dejado de disfrutar del privilegio o inmunidad (art. 20 de la Decisión Marco)".
Según Pablo Llarena, en el procedimiento ante el TJUE el Tribunal Supremo no tiene ningún tipo de intervención, al contrario de la Abogacía del Estado, ya que "el Reino de España es coadyuvante con el Parlamento Europeo en este proceso". El juez cita la información facilitada por la Abogacía del Estado y explica a la autoridad judicial italiana que "este desajuste de información podría explicar la incorrección que sobre la vigencia de las OED aparece en una parte de la resolución del TJUE del pasado 30 de julio, porque no se ha podido aportar para la resolución la información proveniente de la autoridad judicial a la que corresponde decidir sobre la subsistencia de las medidas cautelares".