Una parte sustanciosa de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en concreto 16 de 21, se preparan para contraatacar la modificación que el gobierno español quiere llevar a cabo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual se propone terminar con la actual situación, con el mandato vencido desde hace más dos años y la incapacidad de encontrar una manera de renovar el CGPJ por falta de acuerdo entre los partidos políticos.

La maniobra que preparan los miembros del CGPJ, según avanza El Confidencial Digital, sería llevar hasta las instituciones europeas su situación, con la intención que desde Bruselas se consiga echar el freno a la reforma.

Este mismo jueves hay reunión extraordinaria de los vocales del CGPJ y según el medio citado, son mayoría los que habrían mostrado su conformidad con un documento que se discutirá en ese encuentro y que tiene como objetivo último movilizar a Europa contra la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Incapacidad legal

Según fuentes conocedoras del texto citadas por El confidencial Digital, los mismos miembros del CGPJ son conscientes de su incapacidad legal para evitar que el gobierno español saque adelante su reforma, que pararía los nombramientos que se suceden los últimos meses pese a tener el actual CGPJ finiquitado su mandato y estar en funciones. Por ello, el paso siguiente sería elevar sus posiciones hasta Bruselas.

Además, el calendario corre en contra de ese posicionamiento inmovilista del CGPJ, puesto que el lunes próximo, 25 de enero, finaliza el plazo para presentar enmiendas a la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos.

Toque de atención

Según fuentes del CGPJ citadas por El confidencial Digital, en ese organismo consideran que “nuestra fuerza consiste en tener la razón”, y pese a no tener argumentos legales para frenar la reforma, ya son 16 de los 21 miembros, incluido su presidente, Carlos Lesmes, los que defienden una acción que, por lo menos, signifique un toque de atención al ejecutivo español.

Todo ello tendría un objetivo final, llamar la alerta de la Comisión Europea, que ya habría mostrado sus puntualizaciones sobre la modificación de la ley impulsada por los partidos del gobierno de coalición.

 

Imagen principal: Carlos Lesmes, presidente del CGPJ / Sergi Alcàzar