Los fiscales del juicio del procés siguen en pie de guerra contra la ley de amnistía. La última a pronunciarse públicamente ha sido Consuelo Madrigal, que también fue fiscal general del Estado entre enero de 2015 y noviembre de 2016, con Mariano Rajoy en la Moncloa. Junto con Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno, en junio se negó a pedir la amnistía para Carles Puigdemont y Oriol Junqueras por la malversación del 1-O y eso hizo estallar un choque de trenes en la Fiscalía y llevó a Álvaro García Ortiz a apartarlos. Posteriormente, su argumentación para negar la norma del olvido penal a los líderes del procés sirvió de guía para que el Tribunal Supremo la desoyera e impidiera, entre otras cosas, el regreso en libertad de Puigdemont a Catalunya. “Ahora mismo, está teniendo unas órdenes de detención en España y no puede venir sin ser detenido y puesto a disposición del tribunal de cuya acción ha eludido”, ha sostenido Consuelo Madrigal en un acto organizado por Artículo 14. “Esto es así, lo que ocurra con las vicisitudes de la ley de amnistía… Pero siempre habrá de pasar por la sumisión al tribunal para que se le aplique, en su caso, la ley de amnistía. Eso ni la ley de amnistía lo puede cambiar, pero ya veremos qué va a pasar”, ha subrayado. El tribunal en cuestión es el Supremo con el instructor Pablo Llarena al frente.
La primera negativa del Supremo a amnistiar a Puigdemont llegó el 11 de junio, el mismo día que la ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor. Pablo Llarena pidió a las partes que se pronunciaran y recordó a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que seguían “vigentes y activas las órdenes nacionales de detención”, por lo que debían “proceder a su cumplimiento mientras no sean judicialmente modificadas o revocadas”. La siguiente maniobra de Llarena para sortear la amnistía fue el 1 de julio, con un auto en el que se negó a amnistiar a Puigdemont aduciendo que la malversación queda fuera del perímetro de la norma: “Los actos de disposición del patrimonio de la Administración estuvieron radicalmente vinculados a un beneficio personal y tuvieron un carácter patrimonial marcado, habiendo permitido que los encausados obtuvieran determinados bienes y servicios sin disminución de su peculio o patrimonio”, argumentó. Dos meses más tarde, él mismo confirmó esta decisión. Y hace un mes, la Sala de Apelación del Supremo lo ratificó.
Consuelo Madrigal desea que el posicionamiento del Constitucional sobre la amnistía sea “unánime o enormemente mayoritario”
La pelota está en el tejado del Tribunal Constitucional, que prevé emitir la sentencia sobre la amnistía antes de verano. A partir de ahí, se tendrá que ir aplicando a todos los procesos que tiene encima de la mesa, entre los que estarán los recursos de amparo de los exiliados y de los condenados en el juicio del procés. “Yo confío en el Tribunal Constitucional porque es el garante de la constitucionalidad de las leyes y creo que debe hacer su función y que la hará”, ha verbalizado Consuelo Madrigal, que desea que la sentencia sea “lo más unánime posible”. “La importancia del tema demanda un posicionamiento unánime o enormemente mayoritario”, ha añadido.
En este sentido, ha relatado que, según datos de la fundación Hay Derecho, en 2022 el 8,9% de la actividad del Constitucional se resolvió con el pleno dividido: siete progresistas frente a cuatro conservadores. “Dando la casualidad de que ese 8,9% constituía el 100% asuntos de trascendencia, relevancia o interés político o del Gobierno”, ha puntualizado. En 2023, la estadística fue del 29%. “Las cifras hablan por sí mismas”, ha subrayado. “Espero que en un asunto de tanto calado esta pauta quiebre porque es una pauta perniciosa que no habla bien del debate en el seno de la institución máxima de garantía de nuestra Constitución”, ha insistido. Y ha considerado que es “extraño” que haya tantos asuntos, por “mucho calado e incidencia política que tengan”, que “no permitan un consenso jurídico”. “Creo que [el Constitucional] debe debatir más”, ha remachado.
Las tres vías de freno de la amnistía: los fiscales díscolos, el Supremo y la Audiencia Nacional
Durante el acto, Consuelo Mdrigal ha recordado que cuando ella y sus compañeros del Supremo tuvieron la “oportunidad” y “obligación” de “aplicar e interpretar” la amnistía hicieron un borrador que “no fue del agrado” y “no mereció la aprobación” del fiscal general del Estado, que convocó una Junta de Fiscales. “Nosotros defendimos nuestra postura y el fiscal general del Estado nos relevó del caso”, ha indicado. Y ha sacado pecho de que su criterio ha sido el que posteriormente se ha acabado imponiendo: “Lo que nosotros expresábamos en aquel borrador de informe, que no llegó al Tribunal Supremo oficialmente por lo menos, se vio confirmado por el planteamiento por parte de la Sala Segunda de una cuestión de constitucionalidad”. “Ese auto está muy bien fundado y muy bien razonado, y coincidía con nuestra postura en lo básico”, ha celebrado. “La Audiencia Nacional también planteó una cuestión prejudicial bien fundada que coincidía con la oposición de la ley de amnistía contra el derecho europeo”, ha añadido.
Cree que la continuidad de Álvaro García Ortiz “debilita enormemente” a la Fiscalía
Asimismo, Consuelo Madrigal ha sido una de las fiscales que ha pedido con más vehemencia la dimisión de Álvaro García Ortiz después de que el Supremo le abriera una investigación por la presunta revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Considera que su continuidad como fiscal general del estado “debilita enormemente” a la Fiscalía y la “somete a un cuestionamiento y a una deslegitimación ante la opinión pública y a una merma en definitiva de la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad de la institución”. En la Junta de Fiscales que convocó el fiscal general del Estado, ella verbalizó que no dar un paso al lado era un “error” y a finales de enero, después de que declarara como investigado, firmó un escrito dirigido a él pidiendo su dimisión.
Sobre las críticas que reciben jueces y fiscales por parte del independentismo, de miembros del PSOE y de ministros del Gobierno, Consuelo Madrigal ha considerado que, cuando proceden de representantes políticos, el “desbordamiento de las líneas de prudenciales en la crítica no pone alas a la confianza de la ciudadanía en el respeto que puedan tener a las decisiones judiciales que deben ser siempre respetadas”. Respecto a las acusaciones de lawfare, ha esgrimido que es una “estrategia defensiva equivocada” que sirve para “enturbiar el debate público sobre asuntos que están legítimamente encomendados al poder judicial”.
Rafael Catalá elogia los “valores” y los “principios” de Consuelo Madrigal
El encargado de abrir el acto ha sido Rafael Catalá, que fue ministro de Justicia de Mariano Rajoy entre 2014 y 2018. Ha confesado que “admira” a Consuelo Madrigal por ser una persona “brillante intelectualmente y como jurista” y “destacada por sus valores y sus principios”. “Es una persona rigurosa, disciplinada, leal y trabajadora”, ha subrayado. Y ha destacado que “siempre ha sabido asumir sus responsabilidades y acertar en sus decisiones desde la prudencia, la moderación, la flexibilidad y la habilidad, desde una exquisita educación y desde el respeto personal e institucional”.